La Procuración Penitenciaria de la Nación advirtió sobre el “alarmante aumento”  de la cantidad de mujeres con prisión preventiva, la gran mayoría de ellas por delitos no violentos. También puso énfasis en la necesidad de reforzar el acceso a medidas alternativas a la cárcel. El organismo mostró su preocupación por el incremento de la  criminalización del colectivo trans.

“Cerca del 70% de las mujeres privadas de la libertad no tiene una condena firme, cifra considerablemente mayor a aquella presente en la población de varones. La gran mayoría de las mujeres procesadas permanecen detenidas por delitos vinculados a la ley de estupefacientes”, consigna un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

El Grupo de Trabajo sobre discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica presentará un informe temático sobre las mujeres privadas de la libertad en el 41º período de sesión del Consejo de Derechos Humanos en junio del 2019.

De este modo, el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la PPN enumeró las principales problemáticas que afectan a las mujeres, mujeres trans y travestis detenidas en la órbita del SPF.

El informe realiza una descripción del contexto actual de encarcelamiento de mujeres, mujeres trans y travestis en Argentina, los procesos de criminalización que atraviesan  estos colectivos y los principales desafíos en el acceso a la justicia.

En cuanto al contexto nacional, se resalta el aumento sorpresivo de la población penal a nivel federal, lo cual trajo aparejado la reproducción de focos de sobrepoblación y hacinamiento, con inevitable deterioro de las condiciones materiales y de vida de estos grupos específicos.

Se resalta “el alarmante porcentaje de mujeres que se encuentran con prisión preventiva, lo cual denota el uso abusivo de este instituto por parte de la justicia. Este tipo de discriminación que sufren las mujeres frente al sistema de justicia se refuerza si tenemos en cuenta que la gran mayoría de ellas se encuentra detenida por delitos no violentos, ya sea transporte, comercialización o tenencia simple de droga y, en segundo término, por hurto o tentativa de hurto”.

Más del 60% de las mujeres están presas por delitos vinculados a la ley de estupefacientes (23.737). Respecto del tiempo de condena, la gran mayoría cumple el monto mínimo de la pena prevista en la ley de drogas, consigna el informe.

En los últimos años, también se ha registrado un aumento de mujeres cis* y trans detenidas por comercialización o tenencia simple de droga. Según el documento, “los  relatos y experiencias de estos colectivos reflejan modos de llevar adelante estrategias de supervivencia en sociedades atravesadas por la desigualdad y discriminación de género”.

“De este modo, se observa cómo la criminalización de estos colectivos se sostiene sobre la persecución de delitos no violentos, cuya pena prioritaria continúa siendo la privación de la libertad. Esto se refuerza si tenemos en cuenta que el segundo delito por el cual suelen ser detenidas las mujeres resulta el hurto o tentativa de hurto”.

Durante  2017 la PPN documentó un total de 55 casos de tortura y malos tratos sufridos por mujeres detenidas,  27 de las cuales hicieron la denuncia.

También se relevaron casos de violencia sexual perpetrados por personal de seguridad. “Teniendo en cuenta la sensibilidad de estos hechos, resulta indispensable reforzar la articulación de mecanismos de actuación que procuren la debida diligencia de las denuncias por casos de violencia sexual, más aún en contextos de encierro en virtud de la especial situación de vulnerabilidad y riesgo de sufrir nuevos episodios de violencia”, se subraya.

El  informe pone énfasis en la  necesidad de reforzar el acceso a las medidas alternativas a la prisión como excarcelaciones o arrestos domiciliarios.

La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo público autónomo, inserto en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación por la Ley 25.875, encargado de promover y proteger los derechos de las personas privadas de su libertad, por cualquier motivo, en jurisdicción federal.

*El concepto cis refiere a las personas cuya identidad de género se corresponde con el sexo asignado al nacer. El término se empezó a usar en círculos académicos estadounidenses en la década de los noventa y en los últimos años se ha extendido pues tiene la ventaja de despatologizar la diferencia.

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