La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, sostuvo que la violencia económica y patrimonial afecta la autoestima de las mujeres víctimas y es un “motivo significativo para la continuidad del dominio y control sobre sus vidas”. También lo es para su permanencia en situaciones de agresión física. Entrevista con justiciadeprimera.com

¿Hay estadísticas sobre violencia patrimonial asociada a la violencia física?

El 36 por ciento de las mujeres que acudió a la Oficina de Violencia Doméstica denunció violencia económica y patrimonial y el año pasado la franja más comprometida fue la comprendida entre los 22 y 49 años. Se evaluó el riesgo de 8.496 mujeres a partir de los 18 años que la denunciaron, en su mayoría por parte de varones, un 95 por ciento, entre otros tipos de violencia. Este tipo de maltrato se sustenta en un sistema social de desigualdad y desequilibrio de poder entre varones y mujeres que cercena los procesos de autonomía de las mujeres.  Según nuestras estadísticas, el 62 por ciento de las afectadas están insertas en el mercado laboral y perciben una remuneración.

La violencia de género se sustenta en un sistema de desigualdad y desequilibrio de poder entre los varones y las mujeres. Si bien todos los tipos de violencia restablecen la situación de subordinación de las mujeres, la violencia económica cercena aún más los procesos de autonomía y, en las relaciones de pareja, resulta ser un motivo significativo para la continuidad del dominio y el control sobre sus vidas

 ¿Quiénes son los princiales agresores?

El principal vínculo con la persona denunciada fue de ex parejas, un 49 por ciento, y parejas, cónyuges, convivientes o novios, un 36 por ciento. En el caso de las denuncias a ex parejas, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica destaca el agravamiento de este tipo de violencia por el incumplimiento de aportes alimentarios para la crianza de los hijos e hijas, con objeciones a la división del patrimonio y maniobras asociadas a la continuidad del vínculo que pueden llegar a acompañar la perpetración de una modalidad extrema de violencia que es el femicidio.

¿La violencia económica cambia según la edad de las víctimas?

El 8 por ciento del total de las denuncias que recibimos fue de mujeres mayores de 60 años y en estos casos se produce una apropiación de sus bienes y espacios habitacionales, con quita de recursos y obstáculos para el acceso a la salud y alimentación. En mujeres jóvenes y adultas, las modalidades aparecen asociadas al retaceo del aporte económico cuando el varón resulta ser el único sostén del hogar, en ocasiones haciendo peligrar la supervivencia de la persona afectada; hay chantaje ligado a los abusos sexuales; a  quita o manejo unilateral de recursos propios o comunes, incluso los destinados al trabajo; al despojo o rotura de objetos personales, entre otras situaciones.

Pero otro aspecto ligado a la vulnerabilidad de las afectadas por violencia económica tiene que ver con su nivel educativo, según nuestros informes el 43 por ciento de las mujeres de entre 22 y 59 años que denunciaron no terminó el secundario y lo mismo pasa con el 55 por ciento de las adultas mayores.Pero es muy importante entender que ningún tipo de violencia, respecto de agresores o víctimas, es privativa de gente carenciada o sin educación sino que atraviesa todas las clases sociales y en general los distintos tipos de violencia coexisten

.De los relatos de las mujeres afectadas que denuncian violencia de género, surge que la violencia económica atraviesa todos los niveles socioeconómicos pero las más vulnerables porque tienen escasos recursos propios, baja escolaridad, acotada red familiar y social, y déficit de acceso a bienes y servicios se ven afectadas diferencialmente por una mayor dependencia económica con respecto a los varones.

 

¿Cuándo se animan a denunciar las víctimas?

La mayoría de las denuncias se presenta luego de la separación de la pareja y lo que pasa en  definitiva es que una mujer víctima de violencia económica y patrimonial  ve afectados el  control y autodeterminación de su vida y su autoestima, además de su desarrollo e inserción laboral y por la grave vulneración de sus derechos humanos, su calidad de ciudadanía y su supervivencia.

¿Cómo se denuncia este tipo de violencia?

Desde sus inicios, la Oficina implementó un servicio inédito en la Justicia argentina: atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso los fines de semana y feriados. Su creación implicó el rediseño del abordaje judicial sobre esta problemática, a partir de la incorporación de equipos interdisciplinarios con profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina para la evaluación del riesgo, la correcta derivación, el seguimiento judicial de los casos y el trabajo en red con otros recursos del Estado.

¿La violencia económica y patrimonial formar parte de la violencia de género?

. Existe un amplio espectro de normativas que la reconocen en el plano internacional y en nuestro país tenemos la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. El artículo 5 conceptualiza los distintos tipos de violencia de género y en su inciso 4 define la violencia económica y patrimonial como “la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de los objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo”. Esa ley estipula además una serie de medidas de protección para salvaguardar bienes y patrimonio y restablecer su autonomía. Esta Corte es la única  del mundo que tiene esta oficina, somos pioneros y estamos orgullosos de serlo, en el marco de una política pública de acceso a Justicia.

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