La Cámara Civil remarcó que la cobertura para personas con discapacidad incluye prevención, asistencia y protección y que la obligación es total para obras sociales y prepagas.
 “Resulta útil recordar que el sistema de prestaciones básicas instaurado por la Ley 24.901, contempla la cobertura integral de todas las acciones de prevención, asistencia, promoción y protección a favor de las personas con discapacidad. Las obras sociales tendrán a su cargo, con carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones enunciadas en dicha norma, cada vez que sus afiliados las necesiten”, remarcó un fallo de los camaristas José Fajre, Liliana Abreut de Begher y Claudio Kiper.
“La enorme trascendencia de la ley 24.901, denominada “Ley de Discapacidad”, radica en que ha venido a establecer los parámetros y las herramientas necesarias para la materialización del efectivo acceso de este heterogéneo grupo a la cobertura adecuada, circunstancia que hasta ese momento había sido prácticamente ignorada por los agentes de salud, lo que obligaba a afrontar en forma personal los altos costos que los tratamientos irrogaban”.
La cobertura incluye “acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1º), poniendo a cargo de las obras sociales la cobertura total a través de servicios propios o contratados (art. 6º) y también bajo la modalidad de reintegro cuando profesionales ajenos a la entidad deban intervenir imprescindiblemente por las características específicas de la patología”.
En el caso puntual que derivó en este fallo, se condenó a la obra social IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y Seguridad, a cubrir el geriátrico de una mujer con esquizofrenia.
Los jueces ordenaron el pago del ciento por ciento de la internación y  advirtieron que esa obligación “no sólo compete a las obras sociales, sino que también corresponde imponer esta carga a las empresas de medicina prepagas que los familiares abonan para obtener mejores prestaciones, y a los agentes de salud estatales (tanto provinciales como nacionales) tales como los institutos provinciales de salud, Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (PAMI), Programa Federal Incluir Salud (Ex PROFE), etc”.
Los camaristas resolvieron además que el pago del geriátrico debe ser retroactivo a la fecha de dictado de sentencia en primera instancia.
“Este Tribunal no puede dejar de señalar que del examen de la causa surge que la Sra. L.D.B.I.M. se encuentra en una situación de vulnerabilidad por padecer de esquizofrenia residual y una capacidad restringida con las limitaciones propias de su patología”, concluyeron los magistrados.
Fallo completo

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