La Justicia tiene documentados tres casos, todos iguales: el hijo mayor se ponía de novio con adolescentes de 14,15 años y las convencía de mudarse a la casa familiar en Rafaela, Santa Fe.  Allí vivía junto a su madre, padre y una hermana.
Entonces comenzaba el calvario. Maltrato doméstico,  en dos de los casos embarazos y obligación a ejercer la prostitución para ayudar a mantener a la familia.
Finalmente llegaba el traslado a la ciudad de Buenos Aires para prostituirlas en hoteles de Once y Constitución.
En uno de los casos hubo denuncia por la desaparición de la adolescente, en los otros ellas lograron escaparse y pedir  ayuda en comisarías.
La madre y la hermana del captador fueron absueltas por lo ocurrido a dos víctimas, de 14 y 15 años, en un juicio oral el año pasado y ahora, la Cámara Federal porteña ratificó sus procesamientos por otro caso más, aunque siguen libres.
Patricia Luna y su hija Antonella quedaron procesadas por “trata de personas con fines de explotacion sexual agravada” por “engaño, violencia y amenazas y la situación de vulnerabilidad” de la víctima, una adolescente de 14 años embarazada del hijo de la mujer,  el captador Daniel “Leandro” Landriel.
Este último y su padre Daniel Abelardo alias “Tiburón” Landriel están procesados con prisión preventiva por este caso pero además en 2018 fueron condenados en juicio oral a penas de 11 y 5 años de prisión por lo ocurrido a las otras dos chicas. Están presos en Ezeiza pero las mujeres  de la familia quedaron absueltas.
Ambas quedaron ahora procesadas otra vez, en la investigación que se abrió por el tercer caso, iniciado cuando la mamá de la adolescente, AAC, denunció su desaparicion el 29 de agosto de 2014 en la ciudad de Monteros, Córdoba.
Según relataron las víctimas, las mujeres las recibieron como novias del hijo varón y de a poco comenzaba un sistema de explotación doméstica, al que seguía violencia física por parte de “Leandro” y finalmente la madre -quien ejercía la prostitución- comenzaba a exigir a las menores que hicieran lo mismo para ayudar con los gastos.
“Era Patricia Luna quien explicaba la “modalidad de trabajo” indicándole cómo debía desempeñarse, la tarifa que debía trasladarle a los “clientes y el lugar en el que finalmente debía mantener relaciones sexuales” mientras que Antonella Luna vigilaba y controlaba “que cumpliera esta “rutina” impropia”.
La negativa derivaba en golpes y amenazas con armas de fuego y cuchillos.
La última de las víctimas había comenzado una relación afectiva con Daniel Landriel “quien mediante engaños la habría convencido para mudarse a su domicilio en la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, a fin de iniciar una convivencia junto con los demás integrantes de su familia, Daniel Abelardo Landriel alias “Tiburón”, Patricia Luna y Antonella Luna, padres y hermana del nombrado respectivamente”, remarcaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi al confirmar los procesamientos dictados por el juez federal Sebastián Casanello.

“Posteriormente -en un contexto de violencia física y psicológica- los incusos persuadieron a la víctima a trasladarse a este núcleo urbano donde fue obligada a ejercer la prostitución en distintos hoteles ubicados en los barrios de Once y Constitución, a los cuales ingresaría con un documento apócrifo a fin de aparentar mayoría de edad”.

Dos meses más tarde fue trasladada nuevamente a Rafaela donde continuó explotada, hasta que escapó y volvió a su casa.

Al momento de los hechos,  tenía 14 años “se hallaba lejos de sus familiares y/o conocidos, sin dinero y/o documentación identificatoria, circunstancias que la situaron en un escenario de violencia y vulnerabilidad que fue aprovechado por los distintos integrantes de la familia Landriel-Luna”. Además, estaba embarazada.

Para la Cámara Federal hubo “explotación sexual mediante violencia, intimidación y control de la víctima”.

Una vez rescatada, declaró en Cámara Gesell y les contó a los profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Las Personas Damnificadas por el Delito de Trata que “no podía manejar dinero” y que quien había sido su novio “pasaba frecuentemente por la zona donde ella era prostituida para recaudarlo”. Hasta las empleadas de los hoteles donde iba con sus “clientes” marcaron a “Leandro” -como conocían al acusado- y su familia como “beneficiarios de la actividad delictiva”.

“Se simuló, como medio de captación y coerción, una relación de noviazgo”.

En el juicio oral donde ambos hombres fueron condenados, se los encontró culpables de trata de personas con engaño, violencia, amenazas y abuso de situación de vulnerabilidad, pero además de impedir el  contacto de una menor de diez años con su madre no conviviente: se trata de la hija que una de las víctimas tuvo con el “captador” y a la que se le impidió ver.

Los contactos entre Leandro Landriel y sus víctimas fueron a través de un perfil de la red social Facebook “que no revelaba enteramente su identidad” y telefónicos.

 

 

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