La sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó un fallo que ordenó suspender los aumentos establecidos por la empresa de medicina prepaga Omint vinculados a la edad de los afiliados.

El tribunal consideró que en los casos en donde se encuentra comprometida la integridad psicofísica de una persona, el criterio de apreciación de la protección preventiva debe ser amplio. Advirtió que “se encuentra en juego el desarrollo armonioso de uno de los bienes más apreciables de la persona, sin el cual los restantes carecen de posibilidad de concreción”.

“Juzga la Sala que el incremento decidido por Omint S.A. habría resultado prima facie excesivo a la luz de las cuotas que habrían abonado los actores; que se habría pasado de una cuota de $ 3.340 en el mes de mayo del 2016 a otra de $ 4.123,48 a partir del mes de junio de 2016”, explica el fallo al ratificar por unanimidad la resolución de primera instancia.

Dispuso,  en el caso, que el peligro en la demora ocurre por tratarse de decisiones que comprenden y se encuentran relacionadas con el derecho de la salud de las personas.

Las juezas María Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini consideraron que la resolución propiciada por el juez de primera instancia es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende, que compromete la integridad física de las personas, reconocida por los pactos internacionales de jerarquía constitucional, citando a distintos fallos del fuero tales como “Desiderto, Salvar María c./ Galeno S.A. s/amparo s/incidente de apelación por Galeno S.A” del 18.11.08.

De este modo, el tribunal coincidió con el criterio contenido en el dictamen de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a cargo de Gabriela Boquín.

La representante del Ministerio Público Fiscal destacó que en el presente caso se encuentra  en juego “el derecho de la salud enfrentado a los avatares de las ecuaciones económicas propias del sistema de salud privatizado y mercantilizado”. Y resaltó el rango constitucional de los derechos en juego “que hacen a la dignidad de toda persona humana, a su protección, como así también a la sociedad jurídicamente organizada”..

 

 

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