La causa comenzó con la denuncia de una mujer, CS, para que se investigue la eventual defraudación y falsificación en que habría incurrido su ex marido M al percibir entre marzo y noviembre de 2016 las asignaciones familiares de sus hijos menores de edad, cuya tenencia fue atribuida a la denunciante desde la disolución del vínculo matrimonial, de acuerdo a la sentencia de divorcio dictada el 7 de septiembre de 2012.

En primera instancia, el juez Sebastián Casanello sobreseyó al acusado al entender que “no se daban los requisitos del tipo penal”, (apropiación de cosa ajena por error) “en tanto el dinero que recibió no era ajeno, no ingresó por error ni realizó actos de disposición, desvío, transformación, destrucción ni aprovechamiento con el propósito de perjudicar a sus hijos”.

Concluyó el juez que “todo se ciñe a un conflicto derivado de la falta de acuerdo entre las partes que no debe ser canalizados desde la órbita penal”.

Pero la Cámara no quedó conforme con ese fallo absolutorio y ordenó continuar con la investigación penal.

El imputado, en su declaración indagatoria reconoció haber advertido que, a partir de abril de 2016 -y como consecuencia de una modificación normativa que otorgó a los monotributistas el derecho a percibir la asignación- comenzó a cobrar el salario familiar correspondiente a sus dos hijos menores de edad, los cuales convivían con la madre desde el divorcio decretado en el 2012. Mencionó que puso en conocimiento de su ex cónyuge su percepción y le dijo que se presentara en la A.N.Se.S. para realizar las modificaciones pertinentes.

Y le aclaró que mientras tanto, guardaría las sumas percibidas para su posterior transferencia. Pero la Cámara advirtió que de los resúmenes de cuenta, surgía el consumo del monto.

Argumentos de la Cámara para revocar el sobreseimiento del hombre:

En primer lugar, “la asignación contributiva por hijo no se encontraba abarcada dentro de la suma fijada judicialmente en concepto de cuota alimentaria a cuyo cumplimiento de pago estaba obligado”.

En segundo término, la Cámara sostuvo que “la eventual apropiación de los fondos depositados a favor de los hijos -únicos titulares del derecho- no se ha descartado, pues contrariamente a lo afirmado -tanto por el imputado como por el magistrado de grado-, los resúmenes de cuenta (adjuntados al expediente) no sugieren su resguardo sino que evidencian su consumo en el período denunciado”.

“De hecho, su percepción fue posible luego que la justicia civil dispusiera el embargo de una suma equivalente, lográndose su satisfacción a través de otra cuenta bancaria sobre cuya titularidad presentó objeciones el letrado de la querellante -la corroboración de dicho extremo no ha resultado posible en tanto los expedientes civiles oportunamente remitidos fueron devueltos por el a quo previo a la intervención de esta Alzada”-

Para la Cámara aún no se ha establecido debidamente si el cobro en su cuenta estuvo sustentado en datos falsos aportados al organismo asistencial encargado del pago.

“Mas allá de la cuestión de competencia pendiente,…en punto a la fecha en que se habría materializado la inscripción de M como monotributista -coincidente con aquella que figura en la copia simple acompañada… requiere profundizar la encuesta, en particular en lo que hace a la información brindada por el nombrado en dicha ocasión”.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia sostuvieron que lo decidido en primera instancia “debe ser revocado encomendando al Sr. Juez de grado la continuidad de la pesquisa y el reexamen amplio de la cuestión”. Por lo que se revocó el sobreseimiento y se dictó una falta de mérito.

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