Un fiscal consideró que no debe enviarse  a juicio a cinco mujeres trans -cuatro de ellas de nacionalidad peruana-  que habían sido acusadas de narcomenudeo. El dictamen, más allá de pedir el sobreseimiento,  es interesante porque repasa la difícil realidad que recorre al colectivo de mujeres trans en general y en este caso en particular, en el que se suma la condición de inmigrantes provenientes de hogares pobres, y las escasas oportunidades de inserción en el mundo del trabajo. Esas circunstancias, para el fiscal implican “un cuadro de vulnerabilidad extrema y, por ende, un menoscabo en su libre determinación”.  Un dato, las mujeres antes habían sido procesadas y el fiscal había consentido esa medida.

El fiscal federal Franco Picardi recopiló informes, estudios y estadísticas que analizan la problemática del colectivo en cuestión y concluyó que “las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), integran un grupo vulnerado con altos índices de padecimiento de violencia y con importantes barreras en el acceso a derechos, en base a pretextos basados en su orientación sexual, identidad y/o expresión de género”.

Picardi hace hincapié en lo siguiente: “La comunidad trans travesti migrante se encuentra en un estado de vulnerabilidad social alarmante, y las aquí imputadas en particular, y si bien algunas accedieron a documentos de registración en nuestro país -incluso con las modificaciones registrales vinculadas a su género autopercibido-, lo cierto es que ello solo no resulta suficiente para que dichas personas puedan ser sujetos de derechos en plenitud, máxime si se tiene en cuenta que durante todo el proceso de aprehensión e identificación en sede policial, la mayoría de las mujeres no obtuvo tratamiento de acuerdo a su género autopercibido”.

En su dictamen pidió en cambio que se investigue a los eslabones superiores de la organización que utiliza a mujeres trans  en situación de extrema vulnerabilidad para comercializar estupefacientes y reclamó el juicio para el encargado del hotel donde se producía la venta de estupefacientes. En todos los casos representaban cantidades pequeñas de droga, lo que comúnmente se denomina narcomenudeo.

Una de las chicas trans en su indagatoria contó su versión reproducida por el fiscal:  En (…) en el hotel (…) yo trabajo a mitad de cuadra de ese hotel, en la calle. Estábamos afuera con mi otra compañera Tello y vimos que cuando llego la policía, nos arrojaron al suelo y al rato, nos palparon y nos revisaron las carteras y no nos encontraron nada. Luego nos subieron a la recepción y nos volvieron a revisar y tampoco encontraron nada. Al rato bajan los perros con los policías diciendo que el resultado del allanamiento era negativo. Y por último sube otro policía y cuando baja dice que había encontrado cocaína en un tacho de basura”. Dijo “que en el hotel no se vende droga, que los clientes vienen con su droga y que ingresa al hotel cuando tiene algún cliente para tener relaciones. Que no ingresa siempre a la misma habitación, sino que el encargado es quien le asigna una habitación por una cuestión de disponibilidad”.

Otra de las imputadas contó que se dedica a la prostitución y que gana 5 mil pesos mensuales. Y una de las mujeres relató “Consumo droga de vez en cuando, fumo cocaína y marihuana para bajar el efecto. El dinero que se me secuestró eran todos mis ahorros del año…”

“De la propia información brindada por las nombradas se puede extraer que parecieran aplicar taxativamente a un catálogo preestablecido de violencia, marginalidad y exclusión, tal como se viene explicitando. Salvo una de ellas, todas son migrantes. Las cinco provienen de un contexto de necesidades básicas insatisfechas marcado por la falta de acceso a la posibilidad de desarrollarse libremente, con carencias de educación, trabajo formal, vivienda y demás derechos básicos”, sostuvo el fiscal en su dictamen.

La causa se originó en una denuncia presentada en octubre de 2017 por la Dirección Autónoma de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad, luego de que personal de la Comisaría 16 tomara conocimiento -a través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad dispuestas en la zona- de la venta de estupefacientes a baja escala en el barrio porteño de Constitución.

La Fiscalía de Picardi  impulsó la acción penal haciendo eje en determinar si en las inmediaciones del lugar funcionaba algún tipo de organización criminal que se valiera de mujeres trans en situación de vulnerabilidad, a los fines de vender narcóticos en pequeñas cantidades.

Luego se comprobó que un grupo de mujeres trans ejercía la prostitución en las inmediaciones de un hotel, en cuyo interior concretaban la comercialización de estupefacientes.

Una metodología similar se constató en otro hotel ubicado a escasos 100 metros, si bien en este caso las operaciones de venta se realizaban en las inmediaciones, no en el interior. En diciembre de 2018 se allanaron ambos hoteles y un domicilio particular donde, de acuerdo a la pesquisa, se abastecían de droga. Los procedimientos derivaron en el secuestro de importantes cantidades de estupefacientes -las pericias determinaron que se trataba de cocaína de baja calidad y pureza-, elementos de corte, balanza y dinero en efectivo.

Las cinco mujeres trans fueron indagadas y posteriormente procesadas como autoras del delito de comercialización de estupefacientes, en tanto que el encargado de uno de los hoteles lo fue bajo la figura de facilitación del lugar para que se materialice la comercialización. Pero ahora la Fiscalía Federal fundó el pedido de sobreseimientos de las cinco acusadas en base al “estado de necesidad disculpante” que logró acreditarse en el expediente.

En ese sentido se consideró  que “el contexto y la dimensión construida del género autopercibido incidió en forma directa sobre la imputación, enfoque adoptado desde el comienzo de la investigación”. La presentación recuerda que de acuerdo a la filósofa feminista Judith Butler, las posturas antroplógicas e históricas consideran a esta categoría como una “perspectiva relacional o contextual [que] señala que lo que <<es>> la persona y, de hecho, lo que <<es>> el género siempre es relativo a las relaciones construidas en las que se establece. Como un fenómeno variable y contextual, el género no designa a un ser sustantivo, sino a un punto de unión relativo entre conjuntos de relaciones culturales e históricas específicas”.

La  presentación indica que la situación social, económica y laboral de cada una de las imputadas encaja “taxativamente” con el cuadro descripto, caracterizado por “escenarios de violencia, marginalidad, necesidades básicas insatisfechas y, en líneas generales, la imposibilidad de desarrollarse libremente, con carencias de educación, trabajo formal, vivienda y demás derechos básicos que se suponen constitucionalmente garantizados para el conjunto de la sociedad, a tal punto de considerar como “sobrevivientes” a las acusadas, ya que se ubican en un rango etario superior al de la expectativa de vida de las mujeres trans en la región, que es de 30 a 35 años”.

El escenario descripto subsiste aún cuando en años recientes ha habido avances -expresado en la sanción de leyes provinciales y nacionales- respecto al reconocimiento de derechos del colectivo LGBTI. Picardi  concluyó que las cinco mujeres trans imputadas se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad, y que tales problemas sistémicos -carencias de posibilidades de inserción en el mercado laboral, de acceso a bienes culturales y económicos, a la salud y a una vivienda digna- implicaron una situación “reductora de la libertad” en un marco donde lo que se encuentra amenazada es la propia subsistencia.

 “Así, analizando el caso concreto, entiendo que razonablemente no se les podía exigir a las procesadas que padezcan el mal que las amenazaba”, afirmó Picardi.

El dictamen pone de relieve que los integrantes de este colectivo -personas trans que viven en la pobreza- se transforman en el eslabón más vulnerable al “perfilamiento y acoso policial”, tal como se desprende de un informe emitido en noviembre de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que observa el fuerte vínculo existente entre pobreza, exclusión y violencia.

Finalmente el fiscal solicitó el  sobreseimiento de las imputadas G. Tello Zumaeta, W. D. Carrasco Bulnes, Alma Rosacintia Agüero, Erika Paola Pezo Silva y J. Q. Tenazoa Izquierdo.

Por último, solicitó que se profundice la investigación, con relación a la posible organización criminal que se vale de mujeres trans en situación de extrema vulnerabilidad, a los fines de vender narcóticos al menudeo y, en ese sentido, se extraigan testimonios y se forme un nuevo legajo.

“Pese a la notoria expansión y reconocimiento de los derechos del colectivo LGBTI, aún restan generar mejores y más eficaces mecanismos de inclusión para poder garantizarles el pleno acceso y efectivo goce de sus derechos, principalmente en relación a las personas trans”, advirtió Picardi en su extenso dictamen.

 

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