En Salta, como en otras provincias del país, hay presos hacinados en comisarías y en dependencias de Gendarmería porque no hay lugar en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

Ahora la Cámara Federal de esa provincia ordenó trasladar  21 detenidos en Gendarmería a cárceles del SPF y rechazó una apelación de este organismo, que se negó a cumplir la orden por falta de lugar.

La crisis carcelaria es nacional y eso remarcaron los jueces salteños Alejandro Castellanos y Guillermo Elias, al exhotar  a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario para que adopte “una postura proactiva que lleve, en lo inmediato, soluciones concretas que permitan neutralizar en el corto plazo la irregular situación de hacinamiento en dependencias de la Gendarmería Nacional o de las policías provinciales de la jurisdicción”

También pusieron en conocimiento de la situación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal, al Consejo de la Magistratura, al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y a la Comisión de Cárceles.

Los 21 detenidos están en el Escuadrón 20 de Gendarmería en la ciudad de Orán y se encuentra constatada ” la falta de idoneidad del personal de la repartición para “atender, alojar y custodiar detenidos por largos períodos”.

“Aún cuando este Tribunal no soslaya la crítica situación que refleja la emergencia” carcelaria a nivel nacional dispuesta por el Ministerio de Justicia de la Nación este año, se remarcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano”

Sin que la intención del Tribunal sea inmiscuirse en cuestiones de política penitenciaria ni presupuestaria, se remarcó que “el Poder Ejecutivo debe maximizar su esfuerzo para normalizar el estado de crisis”.

“Respecto a la alegada imposibilidad de cumplimiento del traslado de los detenidos por falta de cupo, cabe señalar que si bien se reconoce la crítica situación que atraviesa el sistema carcelario, debe recordarse que es el Servicio Penitenciario Federal el principal responsable en la búsqueda por evitar que se reiteren situaciones como las aquí analizadas”.

En Salta hay “obras que implican plazos de ejecución prolongados que, a la luz de la situación de los detenidos en dependencias de las fuerzas de seguridad, no resuelven en lo inmediato el núcleo del problema”, remarcó la Cámara en alusion a la Cárcel Federal de Orán -sin fecha de ejecución-, a la refacción del Complejo Penitenciario Federal NOA y a la creación del Centro Penitenciario Federal de Yuto.

Todo se inició por un habeas corpus presentado por la fiscalía federal de Orán, al que hizo lugar el juzgado de esa localidad salteña y ordenó que en un plazo de diez días se trasladase a los presos a dependencias del SPF. El organismo apeló la decisión.

En esa apelación el SFP destacó que “las unidades penitenciarias cuentan con capacidad de alojamiento limitada, siendo la imposibilidad material de alojamiento un límite insuperable por lo
que una presentación como la presente no genera solución sino más conflicto”

“Alegaron que los traslados dispuestos en las resoluciones son de imposible cumplimiento por falta de cupo, y que por tal circunstancia deviene como amenaza su conminación bajo apercibimiento de Ley”, recordó la Cámara sobre esa apelación que fue rechazada.

 

 

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