La investigación por la muerte de los ocho pasajeros y dos pilotos de una avioneta que se estrelló en Punta del Este cuando volvía a la Argentina, quedó definitivamente a cargo de la Justicia uruguaya. La decisión fue de  la Cámara Federal de San Martín, que rechazó un planteo de familiares de víctimas para abrir una investigación local.
En el país vecino, un juzgado de Maldonado ya citó a declaración indagatoria a Ezequiel José Masjuan, presidente de “Droguerías Meta S.A.”, cotitular del avión, Gustavo Caglieris, integrante de esa firma, quien se habría encargado del arrendamiento del medio de transporte y Esteban Salas, asociado de “Furlong Fox S.A.”, empresa de viaje que intermedió entre quien alquiló la aeronave y la propietaria de esta última, recordó el Tribunal de Apelaciones argentino. Por eso resolvió que la investigación debe hacerse en Uruguay porque el avión cayó en territorio de ese país y  la pesquisa está más avanzada allí.
Familiares de víctimas del siniestro ocurrido el 19 de marzo de 2015 pretendían investigar en Argentina lo ocurrido, ya que la principal hipótesis es que la aeronave partió la mañana de ese día desde el aeropuerto de San Fernando con mayor peso del permitido y exceso de pasajeros. Eso habría desencadenado la tragedia hacia la tarde, cuando el grupo emprendió el regreso tras un día de trabajo: murieron 9 argentinos -entre ellos los dos pilotos- y una portuguesa.
La investigación está actualmente en  el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Maldonado de 10° Turno de Uruguay.
En el país vecino la pesquisa “cuenta con un grado mayor de avance procesal y al respecto, debe observarse que la juez de Maldonado investiga las causas de precipitación de la aeronave Hawer Beechraft, ocurrida el 19 de marzo de 2015”.
La aeronave se estrelló en Laguna del Sauce, Departamento de Maldonado, en Uruguay, segundos después de despegar de Punta del Este hacia San Fernando.

A los imputados se les “reprochó haber generado los peligros que ocasionaron la tragedia área”, se recordó en el falllo. “Se evidencia que, los individuos particulares denunciados por la parte querellante en esta causa, se encuentran citados a indagatoria, no todos ellos, sino sólo aquéllos que la justicia penal uruguaya consideró como presuntos responsables del hecho por el cual  el acusador privado pretende traerlos aquí al proceso”, evaluaron los camaristas.

 “Se encuentra fuera de discusión que esas consecuencias dañosas que calificarían al delito contra la seguridad pública, sucedieron en el territorio extranjero”.
Los jueces Marcos Morán y Marcelo Fernández concluyeron que “es la justicia penal uruguaya la competente para determinar si esos supuestos incumplimientos ocasionaron o no la caída del avión y los fallecimientos de las personas que se trasladaban en él, puesto que se ha acreditado que se encuentran bajo su órbita jurisdiccional la resolución del hecho en su integridad y, por ende, la determinación de las conductas sospechadas de haber producido los resultados lesivos, sea por comisión o, por comisión por omisión, o, ambas de forma concurrentes”
La Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación (Ciaia), del Ministerio de Defensa de Uruguay, elaboró un informe que dio cuenta de supuestas irregularidades cometidas antes del despegue, en San Fernando, como acondicionar el avión para el viaje de ocho pasajeros, cuando el máximo era seis.

En el accidente aéreo fallecieron empleados de la empresa La Rural S.A. que viajaron a Punta del Este para supervisar trabajos para la instalación de un centro de exposiciones.

Los pilotos Luis Pivida y Diego Chiaradía murieron al igual que los pasajeros Mario Barba, Joanna Mc Cormack, Alfredo Dietrich, Carlos de Elías, Marcelo Zarco, Horacio Peñaflor, Luis Pera y Marta Pires Vieira.

 

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