Las empresas radicadas en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, la Municipalidad de esa ciudad, el Consorcio del Puerto local y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires deberán entregar a la Justicia en los próximos 90 días un “plan concreto” con inversiones futuras para asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría.
Todo será coordinado por la fiscalía de Bahía Blanca y quedará plasmado en un “acuerdo de compromiso ambiental“, que tendrá que homologar la justicia de primera instancia, resolvió la Cámara Federal de esa ciudad en un fallo innovador.
“La garantía de debido proceso o el derecho de defensa en juicio no pueden conducir al juez a cumplir un rol pasivo, sino que acorde con la realidad, debe actuar con otra energía, siendo lo suficientemente creativo para adoptar las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de nuestra Constitución y no caer en el ritualismo de la aplicación del derecho. Es decir, que el conflicto entre desarrollo   y   conservación requiere sin duda alguna de un rol proactivo del Poder Judicial”.
Con estos argumentos, los camaristas Pablo Candisano Mera y Silvia Fariña revocaron un fallo del juzgado federal 2 de esa ciudad que rechazó la demanda.
Los jueces actuaron ante informes que advierten sobre el daño ambiental en la zona y para que “efectivamente comiencen a implementarse obras para evitar daños potenciales en el estuario de Bahía Blanca logrando un equilibrio justo entre el desarrollo y la conservación”.
Sin embargo, rechazaron lo que reclamaba la Cámara Pesquera Artesanal y Comercial de Ingeniero White­, Puerto Rosales y Bahía Unión que denunció por asociación ilícita y pidió citar a declaración indagatoria  a los directores  y gerentes  de las empresas a las que acusa, además de reclamar la prohibición del vuelco de efluentes.
El Tribunal de Apelaciones hizo lugar de forma parcial al recurso y ordenó la firma del compromiso ambiental con intervención judicial.
Una pericia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires dio cuenta de la “presencia de Metales pesados en especies del ecosistema marino de la Ría de Bahía Blanca que no son aptos para el consumo humano, ya que las mismas superan los niveles permitidos de Cadmio, Cromo, Cobre, y Plomo por el código alimentario”.
También se advirtió que “la  contaminación  de  un ecosistema acuático   con   metales   pesados   (metales   tóxico)   producto principalmente de las actividades industriales, son elementos altamente tóxicos para el sistema biótico y para los seres humanos que interactúan con ella”
 “Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema descripto”, concluyeron los jueces.

Comments

  1. Porque no se monitorea en forma permanente a las grandes empresas como en EEUU en la Vera del Detroit River están las empresas tanto de Canadá como de Estados Unidos, pesque en ese río y tomábamos el agua como aquí no? Será que anda el señor dólar por estos Lares?

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