La vida de una joven colombiana se volvió una pesadilla cuando conoció por Internet a Juan Martín I. El hombre le pagó los pasajes para venir a Argentina, la sometió, la maltrató, la amenazó y hasta le hizo sacar dinero para él con tarjetas de crédito falsas. Ahora la Sala II de la Cámara Federal confirmó el encierro preventivo y embargo del acusado por graves delitos.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron que hubo explotación, trata de personas,  falsificación de documentos, “clonación” de tarjetas regalo del banco Galicia, y por estos delitos el hombre deberá afrontar un juicio oral y público.

En el caso se investigaron dos tipos de ilícitos. Uno, la trata de personas con fines de explotación contra la joven DMMC -oriunda de Colombia-, mientras que los otros hechos se encaminaron a dilucidar la falsificación de tarjetas de crédito y de documentos nacionales de identidad.

En los allanamientos en la casa y en su caja de seguridad, se secuestraron elementos compatibles con la falsificación o “clonación” de tarjetas bancarias, como una cantidad importante de tarjetas de “pvc”, “pouches” para plastificar, lectores, rollos de impresora, mini “posnets”, además de una fuerte suma de dinero en pesos y en dólares.

Empleados del Banco Galicia reconocieron que algunas resultaban tarjetas de regalo o de prepago, mientras que un testigo refirió que desde su cuenta se cargaron indebidamente diez de esas tarjetas, cada una con cinco mil pesos .

Además se constató que en una oportunidad I puso a la venta una impresora de tarjetas de “pvc” a través del comercio electrónico.

En el domicilio también se hallaron dos documentos nacionales de identidad con los datos de otras dos personas, que resultaron falsos y otro verdadero a nombre de una mujer que refirió haberlo perdido o que le fue sustraído, así como un recetario y un sello de una psiquiatra, quien declaró haber tratado años antes al nombrado.

El acusado, Juan Martín I conoció a D a través de un programa de internet,  le pagó sus pasajes aéreos y la alojó en distintos domicilios. La joven llegó al país con la ilusión de iniciar una relación sentimental con I, pero luego se convirtió en su víctima.

La coacción dominó la relación, con distintos tipos violencia: física, psicológica, sexual y económica, tanto así que el temor que ella sentía se extendía a su familia en Colombia.

Los dichos de la víctima fueron la base de la prueba y constan en el Informe preliminar de las psicólogas del “Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes la escucharon en el aeropuerto de Ezeiza, el día que salió por última vez de la Argentina.

Según se desprende del expediente, la joven manifestó haber vivido “situaciones de extrema violencia física” ejercidas por I durante todo el período que compartieron en el país, habiéndole producido heridas y cortes profundos que requerían asistencia médica, con la que no contó por lo que tuvo que curarse a sí misma

La obligaba a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad y le  abonaba diez mil pesos mensuales para solventar gastos de manutención de su hijo en Colombia.

En el contexto de esa situación de sumisión, el imputado “la obligó a sacar dinero para su provecho de un cajero electrónico con una tarjeta falsa”.

Las profesionales consideraron que  D “se encontraba angustiada” y con mucho temor, dijeron que  no se sentía segura en ninguno de los dos países porque creía que su agresor era “capaz de cualquier cosa” y que a partir de ese relato “se evidenciaba una relación asimétrica de poder entre ambos y que con el ejercicio de violencia la aisló de su entorno familiar y social, lo que -en su condición de extranjera- le impidió solicitar auxilio.

Hay otras pruebas que otorgan respaldo a los dichos de la mujer. Además de la denuncia efectuada por su hermana ante las autoridades de Medellín, consta una imagen enviada al teléfono celular de una de sus amigas que acompañaba el siguiente mensaje: “te la devuelvo en pedacitos, créeme que no está muy bien” y también el llamado telefónico del padre de su hijo que alertaba de uno de su regresos a la Argentina.

También el resultado de la escucha ordenada sobre su línea en la que por detrás de su voz que intenta reservar un vuelo de vuelta, se escucha la de un hombre que dice “anda a comprar cerveza, antes que mate a alguien”; los dichos de la encargada de un curso de cosmetología al que asistía la víctima, en los que refiere que otra alumna le pidió que hablara con D porque “tenía problemas”, que solo fue a unas seis o siete clases y que debía pedirle dinero al “novio”.

En la investigación se dio relevancia al testimonio de dos personas que prestaban servicios en el último edificio que habitaron la víctima y su victimario. Uno de ellos presenció los malos tratos de él hacia ella y que luego de esa situación la joven “terminó llorando”, declaró.

Otra de las pruebas es un informe efectuado por la jefa del equipo de investigaciones en el aeropuerto de Ezeiza en el que advirtió un hematoma visible en el pómulo de D antes de retornar a su país de origen.

 

La Cámara, a la hora de confirmar la  prisión preventiva, ponderó la gravedad de los hechos endilgados, y que no es el único proceso en trámite. “Ambas consideraciones llevan a dudar de su voluntad de sujetarse al proceso en el caso de recuperar su libertad, más cuando hasta el momento ha contratado viviendas para vivir de manera temporaria y ha evitado dejar rastros a través del uso de internet, al utilizar redes públicas de “WiFi”.

Por otra parte se valoró el temor expresado por la víctima de sufrir una represalia -ella o su familia o sus amistades y aún en su país de origen- cuando su testimonio se encuentra pendiente; pero también la situación puntual dada a conocer por una testigo respecto del contacto que le efectuó un amigo del imputado pidiéndole que al dar testimonio “le prestara una mano a I”.

“Y en este contexto no puede obviarse que aún resta identificar tanto a quienes resultarían sus contactos en Colombia como a sus compañeros en las falsificaciones y eventuales defraudaciones en nuestro país”, advirtieron los camaristas al indicar que la investigación continúa.

La Cámara recomendó al juzgado federal 8 a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi que ponga en conocimiento de las autoridades colombianas -a través de las vías de comunicación pertinentes- que “de acuerdo con las constancias recabadas subsiste el temor de la víctima por su seguridad y por la de su familia en tanto el imputado contaría con contactos en Colombia (el aludido “Juancho”, conocido de ambos, entre otros)”.

 

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