El fiscal federal Franco Picardi desestimó una denuncia  para que se individualizara y sancionara a los responsables de pegar calcomanías con consignas anarquistas en una estación de tren y difundir panfletos digitales en redes sociales. Además aconsejó a funcionarios judiciales orientar sus esfuerzos a casos de mayor complejidad.

El Ministerio de Seguridad de la Nación había pedido identificar y aplicar el máximo de la pena  a los responsables de pegar en julio pasado en una estación ferroviaria calcomanías con dibujos de una camioneta de Gendarmería incendiada y por difundir por las redes ideas anarquistas en memoria de Santiago Maldonado.

Incitación a la violencia colectiva contra la institución de Gendarmería era la figura penal que pidió investigar el Gobierno.

La respuesta del fiscal Picardi:  “Resultaría francamente irrazonable derivar de las manifestaciones y enunciaciones denunciadas, aún a título de mera posibilidad, que alguien pudiera, a partir de la lectura veloz en una estación de tren de una calcomanía, verse inducido a planear y ejecutar el incendio de patrullas o vehículos pertenecientes a la Gendarmería Nacional Argentina”, dice el dictamen.

La denuncia alude a calcomanías que aparecieron pegadas el 22 de julio pasado en distintos espacios (paredes y postes) de la estación «Liniers» del tren «Línea Sarmiento”. En una de ellas se ve una imagen dibujada en blanco y negro de una camioneta que reza la leyenda Gendarmería Nacional y luce en llamas.

El texto de la misma dice “Santiago Maldonado Presente! (2017-2019), Compañero Anarquista secuestrado y asesinado por Estado Argentino el 1 de agosto de 2017 en la lof en Resistencia de Cushamen, territorio Mapuche, Chubut. Transformemos el dolor en rabia y la rabia en acción!! [sic]” y se agrega al mismo un redondel con una letra “a” en su interior, lo que denotaría que está firmada por alguna agrupación de carácter anarquista

Además, “producto del ciberpatrullaje preventivo” realizado por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista- Dirección General de Seguridad de Estado sobre redes sociales, se tomó conocimiento que a través de distintos blogs de carácter anarquista, este colectivo convocó mediante un panfleto digital a llevar adelante lo que denominan «mes de memoria de Santiago Maldonado.

Se trata de un posteo en una página web que llama a desplegar “hermosas creatividades, actividades, mítines, cortes, marchas” para recordar la memoria de Santiago Maldonado que finaliza con la frase “Que la anarquía desborde los confines y márgenes de esta asquerosa sociedad ¡Ni mártires ni héroes! ¡Memoria activa con lxs nuestrxs! ¡Que viva la anarquía!”

Para el Ministerio de Seguridad era una clara incitación a la violencia colectiva en fecha próxima al cumplimiento de un año del fallecimiento de Santiago Maldonado contra la institución de la Gendarmería y sus integrantes. Por ello pidió que se indague sobre los responsables y se imponga la máxima escala penal aplicable, que es de 6 años de prisión.

Pero para el  fiscal los hechos no se encuadran en ninguna figura delictiva.

El artículo 212 del Código Penal, cuya aplicación pidió el gobierno, prevé un castigo  para aquellos que incitaran a la violencia colectiva contra instituciones, en este caso, la Gendarmería Nacional Argentina, por la sola incitación.

Para Picardi, las enunciaciones denunciadas “se caracterizan por ser vagas y genéricas, pues del llamamiento a “transformar el dolor en rabia y la rabia en acción” o a “desplegar hermosas creatividades” en actividades como marchas, mítines, etc.; no se puede colegir una necesaria instigación a la comisión de delitos determinados”.

El fiscal analizó la denuncia y sostuvo en primer término que “cualquier manifestación efectuada con el objeto de evocar la memoria del ciudadano argentino Santiago Maldonado así como referirse a las circunstancias que rodearon su desaparición el 1 de agosto de 2017 en el marco de una intervención de la Gendarmería Nacional Argentina y luego su aparición sin vida el 17 de octubre en la zona en la que había sido visto por última vez, sin dudas, está dotada de relevancia pública por la trascendencia e implicancias de dicho caso”.

“Las circunstancias que rodean el discurso que se pretende criminalizar implican un asunto de relevancia pública, institucional y comunitaria que conmocionó a la sociedad argentina y que trascendió incluso las fronteras nacionales, motivando por entonces la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas”, sostuvo el fiscal.

Al analizar los hechos, el fiscal advierte sobre “libertades que hacen a la esencia del sistema democrático, de lo que se desprende el protagonismo de aquellas garantías constitucionales que amparan la libertad de pensamiento y de expresión, las que exigen la aplicación de un criterio restrictivo para precisar las conductas que, escapando a tal protección, serán alcanzadas por el derecho penal, máximo nivel de interferencia del Estado en el individuo”.

El fiscal advirtió al poder judicial sobre  “la necesidad de que el sistema de administración de justicia dé respuestas diferenciadas de acuerdo a las problemáticas concretas de cada caso, y oriente los esfuerzos de funcionarios judiciales hacia los casos de mayor complejidad y/o trascendencia social”.

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