“Los procesos previsionales promovidos por ancianos encuadran, en gran parte de los casos, en aquellos donde están comprometidos derechos socioeconómicos básicos y el acceso a un nivel de vida digno”.
La reflexión quedó plasmada en un fallo que condenó a la ANSES a pagar en un plazo de 30 días de manera retroactiva y con intereses la pensión por fallecimiento a una mujer que convivió más de tres décadas con su pareja, tuvo tres hijos, pero los dos últimos años se separó por sufrir violencia de género.
El organismo le negó la pensión porque la norma exige que la convivencia haya sido ininterrumpida los dos años previos al deceso.
“Encuentro que la solución del caso debe atender al fin tuitivo de la materia a efectos de acompañar a la conviviente que se encontró sometida a violencia familiar y de esta forma no avalar situaciones de violencia”, concluyó el juez federal de Mar del Plata Santiago Martín.
A raíz de la prueba incorporada al caso, el magistrado dio por “debidamente acreditada y probada la convivencia” durante 36 años, con tres hijos fruto de la relación. También se probó que “durante los últimos años de convivencia se produjo a causa de los malos tratos” una “separación en un marco de violencia familiar”.
El anciano quedó alojado en un geriátrico por orden judicial hasta que falleció.
“Si bien el artículo 53 de la ley 24.241, exige el mantenimiento de la convivencia hasta la fecha de fallecimiento del causante, tal recaudo no puede ser exigido en un contexto de violencia familiar, ya que ello importaría un sacrificio inadmisible e inhumano para quien posea la legítima expectativa de obtener un beneficio previsional”, advirtió.
Ante lo ocurrido en ANSES la mujer inició una causa judicial con más de cinco años de trámite, en un derrotero judicial que aún no terminó porque se trata de un fallo de primera instancia que el organismo podría apelar.
El juez llamó a reflexionar. “La condición de desigualdad estructural que sufre este grupo social justifica la adopción de criterios interpretativos a su favor, que exigen considerar su situación de desventaja en tanto grupo objetivamente débil en la sociedad, en el momento de la fijación de políticas públicas, y en caso de los jueces, al tiempo de la resolución de los conflictos en que aquellos se encuentren involucrados”.
También sostuvo que si bien la reforma constitucional de 1994 no modificó esta norma, “sí se desprende de ella y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional una serie de contenidos (nuevos derechos, principios jurídicos, reglas de interpretación), que al configurar un nuevo paradigma sobre el orden socioeconómico del orden jurídico argentino influyen decisivamente en la conceptualización y contextualización de la materia”
” Así, las referencias al desarrollo humano, económico y social, a la igualdad de oportunidades y de trato, a la calidad de vida, equidad, solidaridad, sumadas a los nuevos derechos incorporados por los tratados internacionales con jerarquía constitucional, las pautas de interpretación que allí se establecen y las obligaciones para con los Estados, configuran un nuevo paradigma que debe ser receptado por todos los poderes públicos y, concretamente, por los jueces al motorizar el derecho previsional”, agregó.
La señora LAM tuvo que demandar para lograr que se revoque la resolución F 01380/15 de la Administración Nacional de Seguridad Social, donde se le rechazó la pensión como conviviente tras el fallecimiento de quien fue su pareja más de tres décadas y padre de sus hijos.
El hombre murió en el 2012 y ella explicó que los últimos años de vida en común “tuvieron momentos insostenibles debido a las reacciones extremadamente violentas” del anciano pero aseguró que pese a ello ” siempre se ocupó de su pareja hasta su fallecimiento”
ANSES detectó diferencias en los domicilios, porque en el certificado de defunción del hombre se consignó la dirección del geriátrico marplatense donde quedó internado.
Desde 2010 el hombre estaba “bajo medidas cautelares por orden del Tribunal de Familia Nº 2 de Mar del Plata, por lesiones y restricción de acercamiento hacia su persona”.

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