Pensaba irse de vacaciones en su nuevo OKM y, después, empezar a trabajar como taxista con ese vehículo. No pudo hacer ni lo primero ni lo segundo y ahora condenaron a Fiat Auto SA y a la concesionaria Taraborelli Automóbile a entregarle un automóvil de las mismas características y a pagarle por privación de uso y daño moral.
 “No sólo sufrió frente a la frustración que le produjo la imposibilidad en la que fue colocado de poder obtener un bien que para él era importante, sino que ese padecimiento fue seguido de la incertidumbre propia de todo juicio, al que tuvo que someterse frente a la reticencia de las demandadas”. El juez Eduardo Machin, de la Cámara Comercial, fundamentó así su postura favorable a reconocer el daño moral al consumidor.
Hubo “frustración” en el marco de un “comportamiento abusivo que cabe suponer generó también impotencia y desazón”.
El consumidor tuvo la expectativa de “obtener un rédito por medio de la utilización lucrativa del rodado” y de hecho el juez advirtió que si fuera por él le hubiera dado más dinero por privación de uso pero tuvo que atenerse a la suma pedida en la demanda.
“Parece obvio que los largos años que el nombrado lleva sin poder contar con el rodado y utilizarlo a esos efectos, debió haberle producido un perjuicio mayor”, remarcó.
El artículo 1744 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación regula lo que se conoce la “prueba del daño” y sostiene que no es necesario presentar pruebas al respecto cuando “surja notorio de los propios hechos”.
“Ello sucede en el caso”, concluyó el Tribunal de Apelaciones.
En primera instancia ganó la demanda pero no se le reconoció privación de uso y daño moral, algo que ahora sí hizo la Cámara.
Todo empezó en el 2013 cuando el conductor contrató un plan de ahorro previo administrado por Fiat Auto S.A. de ahorro para fines determinados para la adquisición de un automóvil marca Fiat, modelo Siena EL, código SE1 con intervención de la concesionaria Taraborelli Automóbile S.A.
El 12 de noviembre de ese año resultó favorecido con la adjudicación del rodado en un acto licitatorio. Pero el 29 de enero de 2014, la adjudicación se invalidó porque se rechazó la garantía que había presentado.
El automotor fue nuevamente adjudicado el 11 de febrero de 2014 y puesto a su disposición en mayo de ese año. Pero “lo debatido es, en cambio, si la primera de esas adjudicaciones fue o no debidamente invalidada por “Fiat”, lo cual es relevante pues, si se sostuviera que ese proceder fue incorrecto, debería concluirse que, tal como fue decidido en la anterior instancia, el actor tiene derecho a obtener la entrega del rodado imputando el monto ofrecido en la licitación del modo allí dispuesto y considerando los valores del automotor al 20.11.13”.
Según concluyeron los jueces “Fiat” tenía la “carga de explicar e informar las causas del rechazo de manera precisa y por un medio fehaciente” algo que no hizo.
“La negativa o rechazo de la administradora sin una concreta y precisa explicación que permitiera justificar y entender su decisión importaba una conducta abusiva que había lesionado los derechos del adjudicatario”
El comprador no recibió ninguna notificación fehaciente sobre lo ocurrido como impone la ley y pese a que “igual se enteró” eso no fue considerado válido.
Si bien la aprobación de garantías es “discrecional” la empresa tendría que haber procedido “de buena fe a notificar a su contrario no sólo el rechazo del garante presentado sino también los motivos que habían sustentado su decisión”, de “manera precisa y por medio fehaciente”.

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *