La ley no exige que las familias con niños discapacitados deban buscar una escuela estatal en condiciones de recibirlos, antes de optar por un establecimiento privado. Según estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se trata de una llamada “prueba negativa” que la ley 24901 no les impone, al referirse a “la acreditación de la existencia de oferta de escolaridad común”.
La advertencia la hizo la Cámara Federal de San Martín al ordenar que la prepaga OSDE pague la cuota escolar en un colegio privado a un chico de 13 años con discapacidad motriz.
La empresa de medicina privada se negaba porque, sostuvo, existen escuelas públicas cercanas al domicilio del adolescente que podían recibirlo.
Los argumentos fueron rechazados y además, en la sentencia que concedió la medida cautelar a la familia los jueces sostuvieron también que la resolución 428 dictada al respecto por el Ministerio de Salud de la Nación vinculada a la cobertura estatal de la educación “no autoriza a colocar una carga de tal magnitud en cabeza de la familia de un niño con discapacidad”.
Además esa misma norma que fija el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad “dispone la cobertura de prestaciones educativas en escuela de educación especial y/o escuela de educación común, en aquellos casos que la integración escolar sea posible e indicada”.
En este caso puntual, OSDE envió el 20 de marzo último a empleados a realizar una recorrida en escuelas secundarias por el barrio del niño y presentó un informe según el cual se le dijo a la familia que había establecimientos en condiciones de recibirlo.
Pero la madre entregó a la Justicia un informe de la Jefatura Distrital de San Miguel “en el cual se le comunicó que no se podía dar curso a la solicitud de una vacante para su hijo debido a que las escuelas no contaban con personal idóneo ni infraestructura necesaria para asistir al menor”.
Además -remarcó la Cámara- “no se encuentra acreditado que dichas instituciones presenten vacantes o la infraestructura para la correcta atención que el menor necesita en virtud de su patología. En este contexto, no huelga remarcar que el médico tratante prescribió que debía concurrir a dicha institución (la escuela privada) debido a que se encontraba adaptada con todas las medidas de seguridad necesarias para la compleja patología del niño, tanto edilicio como del personal idóneo para acompañarlo y evitar caídas”
OSDE deberá pagar la jornada escolar doble en el colegio privado “a los valores asignados para la categoría Escolaridad Jornada Doble categoría “C” en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, aprobado por Res. 428/99 del Ministerio de Salud de la Nación y sus modificatorias”
La prepaga había argumentado que “el Estado garantizaba la posibilidad de que las personas con discapacidad pudieran asistir a cualquiera de las escuelas públicas en las cuales se prestaba escolaridad común, e incluso brindar apoyo a la integración en caso de requerirlo”.
Además aseguró que “puso a disposición a los padres del menor a su equipo de asistentes sociales para asesorarlos, pero que ellos jamás lo solicitaron” y que se propusieron “tres escuelas cercanas al domicilio del niño, de fácil acceso mediante transporte público y alejadas de zonas consideradas de riesgo, en las cuales se trabajaban con integración, pudiendo incluso concurrir con maestra integradora” pero los padres nunca se acercaron “a dichos establecimientos para evaluar sus ofertas pedagógicas”.
Cuando apeló el fallo de primera instancia que le dio la razón a la familia, OSDE sostuvo que la decisión “le generaba un daño, al tener que soportar económicamente la cobertura de prestaciones que eran contrarias a lo ordenado por la ley y lo pactado en el contrato entre las partes”
El médico tratante del niño indicó que debía concurrir al colegio seleccionado durante todo el secundario, en jornada completa porque esa institución “se encontraba adaptada con todas las medidas de seguridad necesarias para la compleja patología del niño, tanto edilicio como del personal idóneo”
“Se está frente a valores tales como la preservación de la salud, íntimamente relacionado con el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, así como también con el derecho a la educación a fin de que pueda ser ejercido progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades, derechos estos reconocidos específicamente por la Convención sobre los Derechos del Niño”, concluyeron los camaristas de San Martín Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán.

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