“Hola pa, necesito hablar con vos por favor me quieren casar me siento re mal”. El mensaje por chat de la adolescente a su padre derivó en el encuentro de ambos en una estación de tren, para irse de Bahía Blanca en octubre de 2018 y evitar el casamiento obligado de la joven.
La boda se frustró, pero la madre y los abuelos de la menor irrumpieron en el lugar a los gritos para intentar frenar la huída. Intervención policial mediante, los tres miembros de la comunidad gitana local terminaron procesados por presunta trata de personas.
El fiscal federal que intervino en caso, Horacio Azzolin, pidió acusar por este delito vinculado a “modalidad de matrimonio forzado en perjuicio de dos víctimas y servidumbre contra niños, niñas y adolescentes”
Ahora -pandemia de coronavirus mediante- una de las detenidas a la espera de juicio oral, Paulina Aída Macaroff, acaba de obtener la prisión domiciliaria por parte del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. Tiene 56 años y problemas pulmonares.
La pandemia
La mujer llegará a juicio oral procesada por trata de personas cuatro veces agravada por la vulnerabilidad de las víctimas menores de edad y una de sus modalidades, matrimonio forzado. Además se sumó reducción a la servidumbre porque se probó que los tres adultos obligaban a los niños a mendigar y trabajar en la ciudad.
La ley 26.842 de Trata de Personas establece en su artículo 2 inciso 4 que se comete delito cuando “se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho”
Al pedir el arresto domiciliario, la defensa de la mujer aludió al peligro de contagio por la pandemia y a su necesidad de “acercarse a sus hijas”.
La fiscalía se opuso y recordó que -precisamente- irá a juicio por hechos cometidos contra miembros de su familia. También advirtió que los testimonios de muchos de ellos serán clave en el próximo debate oral.
Pero los jueces del Tribunal de Bahía Blanca le otorgaron la prisión domiciliaria en la casa de una cuñada y aludieron al “conocimiento a nivel mundial” de la “situación límite a raíz de la aparición y rápida propagación del llamado Covid-19, el cual ha puesto  en   situación   de   crisis   y   emergencia   a   los   sistemas sanitarios de numerosos países del Globo”
 “Es de perogrullo que los beneficios  allí previstos para aquellos que transitan la etapa de ejecución de la pena no pueden dejar de aplicarse para aquellos preventivamente detenidos” agregaron los jueces Marcos Aguerrido, Mónica Farña y Ramiro Díaz Lacava.

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