La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, sostuvo que la violencia de género “recrudece” con el aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia de Covid-19 y llamó a afrontar el problema con “perspectiva de género”. Además afirmó que los jueces de todo el país “están haciendo un enorme esfuerzo para cumplir con su deber de administrar justicia en este difícil momento”, al responder por escrito un cuestionario de justiciadeprimera.com

¿Qué mecanismos pueden implementarse para detectar situaciones de violencia familiar, incluidos niños y niñas en riesgo, durante la emergencia sanitaria por el Covid y mientras no haya concurrencia a los colegios?

La presencia del Estado en estos casos es sumamente importante. Las medidas y campañas realizadas han mejorado un poco la situación, pues advertimos que, desde el inicio del aislamiento, de a poco, el número de casos va en aumento. Aun así la cifra es mucho menor si la comparamos con el mismo período en años anteriores. Debemos encontrar las formas para controlar de manera efectiva el aislamiento con una perspectiva de género y con especial atención a los casos de mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores. Si una persona dice que va a llevar alimentos a sus hijos, por ejemplo, el personal policial podría acompañarla, en la medida de las posibilidades. En el caso de las personas que conviven, debemos incentivar la actividad de terceras personas que puedan llamar a la autoridad policial y que cuando ésta llegue al lugar separe a quien aparece como víctima, la interrogue en forma aislada. En muchas ocasiones esto ocurre de esta manera pero aun así la víctima tiene mucho miedo en hacer la denuncia por las represalias que pueda haber por parte del agresor. La víctima, frente al agresor no va a aceptar que haya ocurrido algún hecho de violencia.

Con el encierro la violencia recrudece, esta pandemia -la de la violencia contra la mujer- es histórica. Se necesita un plan estratégico articulado entre los tres poderes del Estado. Una mujer puede realizar la denuncia pero si luego no tiene los medios para subsistir su autonomía va a estar comprometida para poder sostener la denuncia, si tiene hijos e hijas peor, va a estar más condicionada. Hay que trabajar,  sobre todo, en el compromiso de toda la sociedad, y en los varones violentos para que desaprendan estas conductas patriarcales violentas y puedan relacionarse de otra manera con las mujeres.

Por otra parte, es fundamental que las personas referentes de los barrios, personal de salud y de seguridad, estén atentos a cada domicilio. En especial quienes se desempeñan en el Estado tienen la obligación de actuar, por el deber de debida diligencia, ante una situación de violencia contra las mujeres, contra niñas, niños y adolescentes o que presentan una discapacidad y con las personas adultas mayores.

También que los móviles policiales hagan recorridas avisando que quienes son víctimas de violencia doméstica pueden salir de sus casas a denunciar la situación. Así como han salido móviles con parlantes explicando que estamos en aislamiento, deberían también explicar que las víctimas pueden hacer la denuncia. Que las agencias policiales o judiciales tomen inmediatamente la denuncia y adopten las medidas necesarias y urgentes. El Poder Judicial no ha dejado nunca de actuar en estos temas y se siguen dictando medidas de protección.

El trabajo de la Corte se ve fortalecido en la articulación con las agencias ejecutivas a nivel nacional y local. La Corte invierte desde hace más de diez años un importante presupuesto para trabajar en estos temas, porque sin presupuesto no hay políticas públicas.

La Oficina de Violencia Doméstica, a mi cargo, atiende las 24 horas, los 365 días del año, y continúa haciéndolo en este contexto de aislamiento. Debido a esta situación excepcional, el personal se redujo en cantidad pero se incorporó la forma de trabajo remota, de modo tal que quienes se encuentran en los denominados grupos de riesgo puedan asistir a quienes están trabajando en forma presencial en la sede de la Oficina. Además, para disminuir la circulación de personas dentro del edificio se acordó acotar los tiempos de atención de cada persona, se incorporó el trámite exclusivamente digital de los legajos. Las derivaciones al Poder Judicial y los Ministerios Públicos, como así también a las dependencias del Gobierno de la Ciudad, continúan.

Se han articulado canales de comunicación más rápidos con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, a los efectos de las notificaciones de las medidas de protección y se trabaja en forma permanente con la Dirección de la Mujer para la asistencia a las víctimas.

¿Hubo aumento de femicidios  desde el 20 de marzo con el inicio del aislamiento social?

No puedo decir que los femicidios hayan aumentado, porque nuestra función es brindar estadísticas oficiales y teniendo en cuenta las consideraciones siguientes no es posible realizar una lectura con el rigor científico con el que trabajan las oficinas de la Corte.

En cuanto a la violencia de género la Corte Suprema releva las cifras de denuncias realizadas en sede judicial, en nuestra OVD y en algunas provincias que tienen OVD o incluso en aquellas que se han adherido a un sistema que implementamos. Pero ello no refleja la violencia que sufren las víctimas, sino las víctimas que han acudido al Estado, en este caso al Poder Judicial, para realizar denuncias.

Para saber si aumentó o no la violencia que sufren las mujeres, tendría que hacerse una encuesta de victimización.

En cuanto a las denuncias, de las que sí tenemos estadísticas, se han reducido en su número, sobre todo en la primera etapa del aislamiento. Se han realizado reuniones convocadas por el Ministerio de la Mujer, donde participaron las dos oficinas que tengo a mi cargo, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y la Oficina de la Mujer (OM), la UFEM por la Procuración General y el programa de género de la Defensoría General, todos estos organismos nacionales, más el Ministerio de Justicia de la Nación, con motivo del aislamiento y la disminución de las denuncias. Con los datos que se compartieron, las dificultades que se observaron se hizo un primer plan de trabajo: informar más a la población, poner a disposición los recursos judiciales que siguieron trabajando (la justicia de familia y penal están trabajando plenamente para la atención de casos de violencia doméstica) y aclarar que las personas que acudieran a realizar denuncias estaban habilitadas para circular por la vía pública, como excepción.

Esta reunión virtual se complementó con otras comunicaciones permanentes, una mesa virtual de trabajo, donde se está monitoreando el tema de las denuncias por violencia, de los datos de causas por femicidios que podamos recabar, para que el Poder Ejecutivo, concretamente el Ministerio de las Mujeres, tenga en sus manos las herramientas que podamos brindarles desde el Poder Judicial en cuanto a datos de denuncias, de causas judiciales, y de esa manera, con ese diagnóstico, que pueda diseñar estrategias.

Sin dudas la situación mejoró, a partir de las campañas que se emprendieron, porque en la actualidad están llegando más personas a la OVD por ejemplo.

Desde la Oficina de la Mujer (OM) aportamos una guía de recursos judiciales para toma de denuncias de todo el país, que se hace con la información que envían las provincias que tienen OM, esta información se actualiza permanentemente.

En cuanto al femicidio, la Oficina de la Mujer (OM) recaba y procesa los datos que cada provincia aporta. Aquí quiero ser clara en que los datos son de las provincias, y que cada referente de carga, designado por la Corte, Superior Tribunal o Ministerio Público Fiscal provincial completa una planilla sin los datos identificatorios, sino codificado para luego poder realizar un seguimiento.

Estos datos no son simplemente los obtenidos de un sistema informático, de acuerdo a la carátula que tiene, sino que implica un proceso de análisis cualitativo de cada causa que se realiza en cada provincia, involucra un diálogo permanente entre el representante de la provincia y las funcionarias de la OM para ajustar los criterios de inclusión, porque la definición que se utiliza es mucho más amplia que la del Código Penal. En nuestro registro se utiliza la definición del Comité de expertas de la Convención de Belém do Pará, porque nos interesa mostrar la letalidad de la violencia contra las mujeres que no sólo abarca a las mismas mujeres (en mujeres incluimos a mujeres cis, mujeres trans y mujeres travestis) sino a todas las personas que murieron a causa de esa violencia, por ejemplo si alguien se interpuso para salvar a la víctima y resultó muerta, o quienes fueron asesinados para provocar sufrimiento a la mujer, aunque sean varones.

Esto no se saca de un sistema, se toman las causas de muertes violentas de mujeres, se analizan, se obtienen datos de las víctimas, de los victimarios, de los hechos, de la causa. Estos datos luego son procesados y se realiza el informe. Y abarca un período de año calendario completo: todos los hechos perpetrados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Por eso recolectamos los datos en marzo, para que el poder judicial interviniente tenga el tiempo de trabajo necesario en las causas que se inician en los últimos días de diciembre y de esa manera tener un registro completo.

Por esta razón no podemos brindar cifras de un período tan cercano como el que mencionan, desde el 20 de marzo hasta aquí, dado que las estadísticas oficiales llevan este proceso, un tiempo de consolidación.

            En materia judicial, ¿cuál es su evaluación sobre la respuesta de la Justicia ante la emergencia y el trabajo remoto? ¿Está la Justicia argentina preparada para esta coyuntura?

 

Los jueces de todo el país están haciendo un enorme esfuerzo para cumplir con su deber de administrar justicia en este difícil momento que estamos atravesando. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra abocada de lleno a darles todo el apoyo y los medios necesarios para que puedan cumplir adecuadamente esa función.

Desde hace varios años la Corte viene desarrollando un proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia mediante la incorporación, de manera gradual, de tecnologías electrónicas y digitales en el ámbito del poder judicial de la nación, a partir de la puesta en marcha de distintos proyectos de informatización y digitalización.

Antes de que empezáramos a sufrir los efectos de la pandemia, la Corte ya había implementado la notificación electrónica para todos los fueros e instancias, la presentación digital de escritos, el libro de notas digital, el expediente completamente digital para el programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados y la plena tramitación digital de las ejecuciones fiscales iniciadas por la AFIP en el marco de la ley 11.683.

Cuando comenzó esta situación de emergencia pública sanitaria la Corte adoptó muchas decisiones importantes para avanzar rápidamente en las medidas que posibiliten el trabajo a distancia a través de procesos y trámites electrónicos con la debida validez legal.

En el ámbito de su propia actuación, la Corte aprobó el uso de la firma electrónica y digital para los actos administrativos y jurisdiccionales que suscriban los ministros y secretarios, implementó la circulación digital de los expedientes y previó la posibilidad de que los acuerdos de ministros se realicen por medios virtuales, remotos y de manera no presencial.

Para los restantes tribunales y dependencias que conforman el Poder Judicial de la Nación, la Corte dispuso que las presentaciones que se realicen en los expedientes sean completamente en formato digital, con firma electrónica –eximiendo la presentación en soporte material–, habilitó la participación remota del personal judicial y el trabajo desde sus hogares a magistrados, funcionarios y empleados (de la forma que disponga el titular de cada dependencia), aprobó el uso de la firma electrónica y digital para todos los magistrados y funcionarios, previó la posibilidad de que los acuerdos se celebren de modo virtual o remoto y habilitó la presentación de demandas y recursos directos y de queja por vía electrónica ante las cámaras nacionales y federales de todo el país, con excepción de aquellos con competencia en materia penal.

 

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