La denuncia fue realizada por fiscal federal Franco Picardi después de una investigación preliminar, en la que encontró “motivos suficientes” para formular las imputaciones por presuntas “conductas delictivas” a los responsables de distintos locales de la cadena Coto.

La investigación se inició el 27 de mayo a partir de las constancias remitidas a Picardi por el fiscal general José Luis Agüero Iturbe, en base a la presentación realizada por la subsecretaría del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA  ante la Procuración, con las denuncias recibidas a través de la línea 147.

De las actuaciones se desprende la existencia de un conjunto de denuncias vinculadas con diferentes locales de la firma Coto C.I.C.S.A., todas situadas en la ciudad de Buenos Aires, mediante las cuales se refirió que empleados habrían contraído el virus COVID-19, “sin que, con posterioridad, fueran adoptadas las medidas sanitarias correspondientes al caso”.

Las denuncias advierten que “las distintas sucursales y la casa central habrían continuado con la atención al público, y no se habrían realizado los aislamientos obligatorios, incrementándose el riesgo de contagio”.

Algunas de esas denuncias fueron anónimas, pero en otras la gente se identificó y describió las irregularidades que se cometían en los locales.

Los casos

En una de ellas recibida el 6 de junio, una mujer refirió ser cajera del supermercado Coto, ubicado en la calle Malabia y dijo: “…ayer a las 19 horas una compañera del trabajo presentó síntomas de Coronavirus y desde la supervisión la enviaron en transporte público hasta el hospital a que se haga el hisopado”.

Continuó relatando que “no llamaron al 107, la enviaron directamente, y no desinfectaron donde ella estaba trabajando, sino que los delegados dicen que lo van a realizar recién hoy por la noche. Están todos atemorizados por la situación”

En otro caso, una mujer que dio su nombre refirió a que en una sucursal en la avenida Avellaneda, el repositor de salón “habría trabajado a pesar de haber presentado síntomas; del mismo modo ocurrió con otras dos empleadas que en la actualidad se encuentran aisladas”.

Además, agregó que, “a pesar de las denuncias recibidas anteriormente, el lugar no fue cerrado de manera preventiva como hubiera correspondido. En similar sentido, se recibieron las denuncias anónimas registradas como casos 3, 6, 8, 13 y 14.”, enumeró la denuncia de la fiscalía.

Respecto de la misma sucursal, el 26 de mayo otra mujer denunció que, a pesar de los dos casos confirmados de COVID-19, “el lugar no fue desinfectado y que los empleados se encuentran amenazados”.

A estos casos, se suman las denuncias anónimas referidas a otras dos sucursales de la misma firma. Al respecto, se destaca según la fiscalía una  recibida el 23 de mayo respecto del local situado en avenida Antártida Argentina  y de otro en avenida Santa Fe al 3700. En esos lugares, la situación sería similar a la descripta con anterioridad: personal contagiado y sucursal funcionando.

Otra denuncia consignó: “Las personas que trabajan están con miedo. En Casa Central hubo un caso de COVID. Están obligados a ir a trabajar y de reportar pierden el trabajo”.

Luego ingresaron varias denuncias sobre nuevos casos que  también contemplaban la posibilidad de que personas que integran el personal de la firma Coto C.I.C.S.A. hayan contraído el virus COVID-19, sin que, con posterioridad, fueran adoptadas las medidas sanitarias correspondientes.

Investigación preliminar

Con todas las denuncias, la Fiscalía instruyó una investigación preliminar cuyo objeto procesal se fijó en las posibles violaciones a las obligaciones establecidas en los decretos de necesidad y urgencia números 260/20 y 297/20 (y todas sus prórrogas) en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria relativa a la propagación del virus COVID-19; como así también, en la posible desobediencia a un funcionario público, en algunos casos.

La justicia investigará si en determinadas sucursales “obligarían a concurrir al lugar de trabajo a personal que dio positivo respecto al virus COVID-19 (en una de las sucursales) y a personas que habrían tenido contacto estrecho con un caso positivo (en tres sucursales)”.

También si obligaban a ir a casos sospechosos y a los contactos estrechos de esos casos, en otras sucursales.

En la presentación de Picardi se recuerdan todas las normas sanitarias en vigencia y se destaca que “conforme se desprende de los protocolos mencionados, todos los lugares en los que hayan circulado personas sospechosas o confirmadas de COVID-19 deben desinfectarse y limpiarse del modo que allí se indica”.

“Ante la sospecha que no se haya cumplido con la normativa vigente en el marco de la emergencia sanitaria –principalmente que se haya obligado a una o varias personas a concurrir a su trabajo cuando deberían realizar aislamiento obligatorio, y/o que no se hayan tomado las medidas de higiene y desinfección necesarias-, y así encontrarnos ante la posible violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes”, advirtió Picardi

“En  orden a la naturaleza de los hechos analizados y el contexto en el que se denuncian, y considerando el resultado de las diligencias practicadas y el estado en el que se encuentra la investigación, entiendo que se encuentran reunidos motivos suficientes para formular la correspondiente denuncia penal a fin de que se investiguen las posibles conductas delictivas atribuidas a los responsables de los locales de la firma Coto C.I.C.S.A” de una docena de sucursales, concluyó el fiscal.

La investigación queda ahora en manos del juez federal Ariel Lijo.

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