La responsable de un geriátrico será investigada en la Justicia criminal por la muerte de un residente víctima de coronavirus.
Según la denuncia, el paciente contrajo la enfermedad ante el presunto incumplimiento de los protocolos de prevención en el lugar.
La causa tramitó hasta ahora en Comodoro Py 2002 pero, por orden de la Cámara Federal, acaba de ser enviada a sorteo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional  para que intervenga un juez de ese fuero.
Esto se resolvió ante el “resultado lesivo de la conducta ilícita investigada -el acreditado deceso”- del residente del geriátrico Residencia del Este, ubicado en la calle Urquiza de la Ciudad de Buenos Aires..
Qué pasó

Hasta la semana pasada la investigación estuvo a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi por los denunciados incumplimientos de protocolo y en base a la infracción del artículo 205 del Código Procesal Penal.
Esta norma es la que contempla las penalidades para violaciones a las disposiciones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que rige en cuarentena.
Pero el magistrado se declaró incompetente y resolvió el pase del caso a la justicia contravencional de CABA.
Su superior en la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi, le aceptó la incompetencia. Sin embargo,  derivó el caso al fuero nacional en lo criminal, que investiga delitos más graves.
El objetivo es determinar si los incumplimientos en materia de cuidados, higiene y distancia social derivaron en el contagio que causó la muerte al anciano.
El residente murió el 9 de mayo pasado.
La fiscalía intentó que el caso siguiera bajo la órbita del fuero de excepción que funciona en Comodoro Py 2002. Para ello argumentó que se habrían violado protocolos sanitarios del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también los dispuestos por el PAMI, un organismo nacional.
 “Las disposiciones que versan sobre el control epidemiológico de los geriátricos de la Ciudad se desarrollan en el marco de atención a una situación pandémica que afecta a toda la población y de la cual los geriátricos no están exentos”
Al declarar su incompetencia, el juez federal argumentó que “no surgen elementos probatorios que permitan suponer que los acontecimientos bajo investigación pongan en peligro o dañen la seguridad del Estado o sus instituciones, ni se encuentre vinculado algún funcionario público, o vulneran normas de naturaleza federal, y, en consecuencia, escapa la competencia de este fuero especial”.

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