La causa se inició el 12 de mayo pasado cuando una asistente social del barrio Río Atuel de Santa Rosa, denunció ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Policía de La Pampa que había tomado contacto con una joven de 15 años, integrante de la comunidad gitana, que le había manifestado muy angustiada que había mantenido relaciones sexuales con un hombre mayor de edad, ajeno a su comunidad.

La joven dijo que tenía miedo que ante dicha situación su padre la obligara a casarse sin su consentimiento con alguien de su mismo grupo.

Al constituirse en el domicilio de la adolescente para continuar con su asistencia, su madre manifestó que la joven ya no vivía allí porque se había casado con un miembro de la comunidad gitana y que no podía hacer nada porque eso “era parte de sus tradiciones familiares”.

Intervención judicial

Tras la denuncia, se ordenó el allanamiento del domicilio donde se encontraba la niña para rescatarla.

La menor fue entrevistada por la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia y se remitió un informe en el que se daba cuenta de “indicios de maltrato familiar, estado de vulnerabilidad subjetiva y social – cultural en la entrevistada, factores de silenciamiento y condicionamiento en su relato, riesgo psicofísico”.

Se aconsejó sobre la necesidad de un proyecto de trabajo colectivo por parte de las instituciones barriales -salud, educación, cultura, justicia, municipio- que hagan posible el “revisionismo y adaptación cultural” al contexto del ejercicio de deberes y derechos humanos en la comunidad gitana.

En el caso se anexó un informe de la licenciada en Trabajo Social que atendió a la adolescente, en el que expresó que la joven desconocía sus derechos y que se encontraba presionada por los mandatos de la comunidad.

El caso tuvo distintas resoluciones. En primera instancia, la justicia consideró que no había delito. Pero por un recurso del Ministerio Público Fiscal, la Sala I de la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó, por “prematuro” el fallo del Juzgado Federal de Santa Rosa.

Así la Cámara hizo lugar a la apelación interpuesta por la fiscalía y determinó que debe continuar la investigación por presunto caso de trata de personas y de matrimonio forzado que tendría como víctima a la joven de 15 años.

La Cámara ordenó “especial celeridad en el progreso de las actuaciones, dando intervención a los organismos especializados correspondientes a la materia”.

El Juzgado Federal de Santa Rosa había resuelto que no había delito sobre el cual proceder, debido a que entendió que no podía corroborarse que la adolescente había sido forzada a contraer matrimonio.

Pero el fiscal federal Leonel Gomez Barbella, con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), apeló la resolución y el fiscal subrogante ante aquella cámara, Horacio Azzollin, mantuvo el recurso.

Los camaristas Silvia Fariña y Roberto Amabile hicieron lugar al pedido realizado por los representantes del MPF.

En el caso se avaló en primera instancia el argumento de que el comportamiento investigado responde a las pautas culturales de la comunidad gitana que integra la joven.

El camarista Amabile sostuvo en cambio que “cualquier forma de unión forzada, aun bajo rituales o costumbres culturales importa el supuesto de la ley, que implica obligar o constreñir a una persona a contraer matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho que presente análogas características al matrimonio y que tenga como finalidad cualquier forma de explotación”.

“En especial, en el caso del matrimonio infantil –en el que al menos uno de los contrayentes tiene menos de 18 años–, dado que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas”, advirtió el juez.

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