La fiscal general Gabriela Boquín dictaminó que corresponde hacer lugar a los recursos interpuestos a favor de una niña y que, en consecuencia, se le otorgue el carácter de privilegio y de preferencia en el pago de una indemnización por haber sido víctima de un abuso sexual.

El hecho ocurrió  en 2008 en una institución educativa porteña que se encuentra actualmente en concurso de acreedores.

Boquín, ante la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sostuvo que el crédito debe ser por la totalidad del monto e intereses, que son de más del doble que el fijado en una sentencia de primera instancia. a la que calificó como carente “absolutamente” de perspectiva de género.

En su dictamen, repasó el contenido de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional aplicables -como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP); de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará de 1994- y las leyes 26.061 de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Al respecto, consideró que de mantenerse la sentencia apelada todas las obligaciones allí contenidas y asumidas por el Estado argentino “resultarían incumplidas, los derechos se verían frustrados, su prevalencia, prioridad y máxima exigibilidad se convertirían en letra muerta”.

Apelación

Boquín apoyó a su colega de primera instancia Mónica Mauri que apeló la decisión del Juzgado Nacional en lo Comercial 7.

Ese tribunal estableció el crédito a favor de la niña pero como quirografario, es decir, sin preferencia para el cobro, y por una suma de menos de la mitad a la insinuada. El colegio se presentó en concurso preventivo de acreedores en 2016.

“De mantenerse la sentencia de grado que prescinde de una mirada integral, constitucional y convencional del régimen de privilegios, un mero acreedor comercial o la acreencia del Estado a través del organismo recaudador se encontrarían en igual o mejor posición para el cobro que la menor cuyos derechos fundamentales fueron vulnerados, imponiéndosele así a esta última un sacrificio desigual”, indicó  la representante del ministerio público,

En cuanto al derecho concursal, la fiscal general señaló que los acreedores privilegiados especiales deben brindar una decisión expresa para acogerse al acuerdo de pago “ofrecido por el concursado para esa categoría, sin que pueda serle impuesta tal propuesta”. En ese sentido explicó que el padre y la madre de la menor de edad no pudieron “dar su conformidad a la propuesta que luego resultó homologada, debido a que la sentencia civil  que reconoció su acreencia y la confirmación por la Cámara del fuero fueron dictadas con posterioridad (NdR: en julio de 2020) a la presentación en concurso preventivo”

Para Boquín, el acuerdo dirigido por la institución educativa a acreedores con privilegio y homologado por la autoridad judicial del concurso “no resulta oponible al crédito de la recurrente tardíamente incorporado a la masa concursal a los fines de poder brindar su conformidad”, según el dictamen publicado por fiscales.gob.ar

La fiscal general resaltó que el caso “debió ser analizado con perspectiva de género, perspectiva que fue absolutamente omitida en la sentencia”.

“La falta de consideración de la especial situación y características del crédito importó un desconocimiento por parte del juzgador, del propio texto de las normas legales antes referidas que reconocen una atención prioritaria para el mismo. De este modo con la sentencia recurrida se licúa la indemnización reconocida a la menor en sede civil, limitándola en su alcance y extensión. El juez de grado no consideró que la misma tenía una directa relación con el derecho a la vida en condiciones de dignidad e integridad, no implicando un mero interés pecuniario”, agregó, de acuerdo al dictamen publicado en fiscales.gob.ar.

Boquín citó doctrina del juez de la Corte  Horacio Rosatti, según la cual “en su relación con los tratados internacionales, los arts. 1 y 2 CCCN formulan dos referencias concretas: sostienen que los casos civiles y comerciales deben ser resueltos conforme con aquellos tratados de derechos humanos en que la República sea parte y afirman que la ley civil y comercial debe ser interpretada teniendo en cuenta las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos”.

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.