La justicia correntina declaró nulo un acuerdo de división de bienes firmado en 2003, en medio de un divorcio, porque entendió que se suscribió en un contexto de violencia de género.

“Tenía que salvarme a mí y a mis hijos”, sostuvo la mujer en 2011, cuando presentó un recurso para reclamar la nulidad de ese acuerdo que, dijo, firmó en medio de presiones psicológicas y temor por su integridad física.

Vulnerabilidad

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes acaba de poner fin a un largo derrotero judicial que se inició cuando la ex esposa presentó la demanda en 2011, en el que reclamó la nulidad del acuerdo de 2003 y que se incluya en la división de bienes la participación societaria en empresas de su exmarido, omitida en ese momento.

El acuerdo en cuestión fue homologado en sede judicial en 2003 y por eso en las dos instancias previas se rechazó la demanda porque se lo consideró “firme”.

Pero el Superior Tribunal de la provincia tuvo una interpretación totalmente distinta: Hizo lugar al recurso extraordinario, decretó la nulidad del acuerdo y ordenó realizar uno nuevo que “integre la masa de gananciales que corresponda en derecho”. Las costas deberá pagarlas el exmarido

“Lo que se impone es un mayor protagonismo a la jurisdicción y a sus colaboradores, ya que es allí cuando el contexto no permitió a esta mujer advertir que sus derechos eran vulnerados es cuando debió activarse la justicia como punto de equilibrio y asistirla”, remarcó la sentencia publicada por www.abogadosdefamilia.com.ar

“Es a esa clase de personas, aquellas a las que un determinado contexto o situación la torna vulnerable —en este caso una mujer— a la que nos convoca el derecho a proteger porque —por las razones que fuera y que no interesan a la jurisdicción— evidentemente no lo advierte por sus propios medios y encontrándose en inferioridad de condiciones es propensa a acoger propuestas irrazonables e injustas y hasta contrarias a la ley”, analizaron los jueces

Los magistrados Luis Vázquez, Guillermo Semhan, Fernando Niz, Eduardo Panseri y Alejandro Chain ponderaron que lo ocurrido debe interpretarse dentro del “cambio cultural que hemos venido atravesando como sociedad”
“Hoy nos impone sacar a la luz el modo solapado en que han sido sistemáticamente vulnerados los derechos de algunas mujeres por encontrarse en situaciones de inferioridad que las tornan más vulnerables”
El Superior Tribunal remarcó que en primera instancia y luego la Cámara correntina no analizaron la situación de la mujer ” al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad conyugal que omitió deliberadamente incluir la masa de gananciales derivados de la empresa en la que laboraba su ex cónyuge, con lo cual se impone revisar su licitud, no obstante el principio de autonomía de la voluntad que cabe respetar en cualquier otra clase de acuerdo privado”.

En ese contexto, recordaron los dichos de testigos en un incidente de exclusión del hogar conyugal, quienes dieron cuenta de golpizas, malos tratos, amenazas y lesiones que sufrió durante su matrimonio y que la colocaron en posición de “vulnerabilidad”. A raíz de ello, con tal de separarse, firmó el acuerdo que le resultó desventajoso en cuanto a la división de los bienes.

Pactos internacionales

.A  las relaciones de poder “históricamente desiguales refiere la “Convención Interamericana de Belém do Pará”, que “convoca en lo que aquí interesa (art. 1 inc. g) a establecer los mecanismos judiciales que aseguren que la mujer tenga acceso efectivo a medios de compensación justos y eficaces y a que se respete la dignidad inherente a su persona y a su familia”

El Superior Tribunal remarcó que en primera instancia y luego la Cámara correntina no analizaron la situación de la víctima de violencia ” al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad conyugal que omitió deliberadamente incluir la masa de gananciales derivados de la empresa en la que laboraba su ex cónyuge, con lo cual se impone revisar su licitud, no obstante el principio de autonomía de la voluntad que cabe respetar en cualquier otra clase de acuerdo privado”.

En las instancias anteriores se invocó ” dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse a los términos de un convenio que padece de graves vicios de nulidad, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista que no se ajusta al caso particular y soslayando el bloque constitucional y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia de la clase que sea, a efectos de restablecer la necesaria igualdad que debería existir entre las partes”

“El Estado es el depositario del compromiso de hacer cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley 26.485 de “Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”, máxime cuando este tribunal adhirió por Acuerdo N° 34/10 a las Reglas de Brasilia”, remarcó el fallo que también aludio a la Convención de Belém do Pará ((Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)

Corrientes adhirió a la Ley Nacional 27499 /Ley Micaela) y el Superior Tribunal ” convocó de modo obligatorio a todos los operadores judiciales a capacitarse en “género” a fin de obtener herramientas conceptuales y lograr una sensibilización en la temática

Además de declarar nulo el acuerdo, se ordenó que mientras se realice uno nuevo, deberá “fijarse una cuota alimentaria en favor” de la ex esposa “acorde al nivel de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto”

El fallo fue publicado por 

https://www.abogadosdefamilia.com.ar/

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