En Argentina, distintas jurisdicciones investigan el tráfico y la explotación laboral de migrantes que ingresan al país a través de las denominadas rutas Bolivia y Paraguay.

La causa se inició a raíz de una denuncia formulada por dos personas que habían sido privadas de su libertad dentro de un supermercado ubicado en los alrededores de General Venancio Flores y Joaquín V. González.

En la denuncia se consignó que ambos habrían sido víctimas de tráfico ilegal de migrantes, ingresando al país a través de la denominada ruta de tráfico de Bolivia y que durante su cautiverio les retuvieron los pasaportes y al serles devueltos, lo hicieron con un sello de entrada al país apócrifo.

El conflicto

Al momento de investigar se suscitó un conflicto de competencia  en razón del territorio entre el juzgado nacional en lo criminal y correccional federal 12 de esta ciudad de Buenos Aires y el juzgado federal de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.

Ello porque ante la justicia de Orán hay una causa en la que se investiga el presunto tráfico ilegal de personas de nacionalidad china que ingresarían al país a través de Bolivia.

Por otro lado, el juez federal de Orán rechazó la causa en tanto entendió que no existía ningún indicio que permita acreditar que las víctimas habrían ingresado al país a través de la ruta de Bolivia.

Al emitir su opinión, el fiscal general adjunto, Carlos Racedo, sostuvo que debía continuar interviniendo en la investigación la justicia federal de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, ya que, “atento al estado embrionario de la pesquisa, no podía establecerse fehacientemente una conexidad de los hechos”.

El caso llegó a  la Cámara y el juez Leopodo Bruglia compartió lo sostenido por el acusador público en punto a que es la jurisdicción de esta ciudad la que debe seguir interviniendo.

“Si bien la hipótesis barajada en ambos procesos se vincula con el ingreso ilegal al país de personas de nacionalidad china que serían ingresados ilegalmente al país, no puede establecerse, de momento, una conexidad entre los sucesos denunciados en este expediente y los hechos que se investigan ante la justicia federal de Orán”, argumentó el camarista.

“En este sentido, no surge de las actuaciones ningún indicio claro de que la ruta de acceso haya sido la de Bolivia. De hecho, dos de las propias víctimas manifestaron haber ingresado al país por la República de Paraguay”, ahondó la resolución.

El juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal  12 de esta ciudad debe proseguir con la investigación,  en los presentes actuados, “sin perjuicio de que más adelante pueda revaluarse la cuestión en función de las nuevas pruebas que se incorporen al legajo”, concluyó

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