El Hospital Garrahan y una anestesista deberán indemnizar a la familia de un joven que el 8 de agosto de 2001, cuando tenía 15 años, ingresó a una operación programada de la vista y sufrió un daño cerebral irreversible por falta de oxígeno.
La Cámara Nacional en lo Civil confirmó un fallo que ordena pagar por daños y perjuicios, daño moral, psicológico, gastos médicos pasados y futuros e incapacidad en montos a calcular con intereses desde el día de la operación.
La familia del joven litigó desde el 2003 y recién ahora consiguió una sentencia en segunda instancia.
Durante todos estos años la madre, el padre y una hermana se hicieron cargo del cuidado del joven, hoy de 36 años quien, según se informó en la causa, quedó incapacitado, no se comunica ni puede valerse por sí mismo.
En su apelación, el hospital puso de relieve el ” desequilibrio que la condena genera en virtud de las exiguas partidas presupuestarias asignadas por el Estado nacional y municipal, que de acuerdo a sus dichos compromete la prestación de servicios esenciales con serio perjuicio a los destinatarios del mismo”, citó la sentencia.
La Cámara Nacional en lo Civil desestimó el argumento.
“Al margen de no tratarse de una queja en sentido técnico, no puede constituirse en un impedimento para el derecho constitucional de la víctima a recibir una reparación plena”.
“En todo caso, serán los Estados mencionados, los encargados de proveer los medios necesarios para que este hospital de notable prestigio pueda seguir brindando un servicio adecuado, lo que no se encuentra en duda, más allá de las vicisitudes de este proceso“, analizaron los jueces.
Los hechos
“Mirá mamá, ya los ojos de G no me interesan un carajo, lo que voy a hacer es tratar de salvarle la vida”, habría dicho a la familia a las 19 de ese día el cirujano que operó al joven, según contó su madre en la denuncia.
En el quirófano, el chico sufrió un paro cardíaco, fue reanimado por la anestesista y otro profesional convocado al lugar. La operación continuó porque ya no podía interrumpirse.
Al salir del quirófano permaneció en una sala común con otros pacientes operados en esa jornada y, pese a que no despertaba, recién por la tarde con la llegada del médico oftalmólogo que lo intervino se consiguió su traslado a terapia intensiva, según reconstruye la causa.
A las 2230 los padres pudieron verlo, ya conectado a un respirador.
Desde el hospital convocaron a la anestesista.
Según concluyó la justicia, la profesional “incumplió su deber de cuidado”.
El adolescente pasó dos meses y medio conectado al respirador en terapia intensiva y a los seis meses recibió el alta, previa traqueotomía.
Hubo una causa penal que terminó en sobreseimientos por prescripción del delito.
Las sentencias

“Muchas veces la certeza moral no se obtiene con una evaluación aislada de los diversos elementos de prueba o sea, tomados uno por uno, sino en su totalidad que es bien diferente”, reflexionó el juez de primera instancia en lo civil Andrés Fraga.

En esa sentencia, ahora confirmada, el magistrado mencionó que “probanzas que individualmente estudiadas pueden ser objeto de reparos, ser débiles o imprecisas, en numerosos casos se complementan entre sí de tal modo que unidas, llevan al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos”.
En la causa se dio por probado que durante la operación el proceder fue el adecuado, pero la falla estuvo en los controles posteriores, cuando el paciente -que había superado un paro cardíaco en quirófano- no despertaba de la anestesia.
Al confirmar la sentencia, la Cámara Civil remarcó que un informe pericial concluyó que “el paciente ingresa a UCI y las evoluciones médicas y estudios son contundentes respecto de que su cuadro obedece a un sufrimiento neuronal prolongado por hipoxia.”
“El informe es así terminante respecto a la deficiente atención prestada a G. durante el posoperatorio y lo cierto es que ninguna de las impugnaciones de las partes, logró rebatir de modo científico y acabado esa conclusión del perito”
También se descartó un argumento de las defensas: que la madre había firmado el llamado “consentimiento informado” que advertía sobre algunos posibles riesgos de esa operación.
“No se trata más que de un formulario genérico y predispuesto con el agregado por escrito del nombre del paciente y la firma ológrafa de su madre. Ese instrumento en modo alguno puede ser considerado como apto para cumplir el deber secundario de información que resulta obligatorio para todos los médicos”, advirtió el Tribunal de Apelaciones.
El joven quedó impedido de tener una vida laboral, de desarrollar su proyecto de vida, “ sobre todo, en lo que hace a su vida social, dado que la imposibilidad de comunicarse limita sus relaciones al estrecho ámbito familiar, sin tener una red de amigos que lo contengan, quienes se alejaron luego de lo sucedido”, contó su mamá en la justicia.
“En resumidas cuentas, entiende que la afectación producida a G. que abarca desde las dificultades para satisfacer su más mínimo deseo de modo autónomo, hasta sus anhelos más complejos, se han visto truncados por los hechos que aquí se debaten”

Al día de hoy G. padece “ceguera casi total, imposibilidad para hablar” y no posee ” suficiente movilidad en sus manos como para tomar un lápiz para escribir. Únicamente se puede inferir de solo verlo, las difíciles condiciones de vida que vive el actor desde hace 12 años sin perspectivas de mejoría”, informó en la causa una asistente social que lo visitó en su casa.

Los grandes avances que logró fueron “gracias al encomiable esfuerzo de su madre”.
Tanto la familia como la defensoría oficial habían apelado los montos fijados por “exiguos” e “irrisorios”. En total, apenas superan los dos millones de pesos más intereses desde el 2001.
Pero la Cámara confirmó este aspecto de la sentencia.

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