La justicia confirmó una decisión de primera instancia y rechazó la apelación de un hombre que pretendía pagar en numerosas cuotas, primero en 12 y luego en 8, una deuda por el pago del colegio de su hija discapacitada

Su ex pareja se había hecho cargo del monto durante el 2020, en plena pandemia de Covid-19.

El demandado procuraba que la Cámara Nacional en lo Civil le otorgue mayores facilidades para el pago de las cuotas escolares que debió afrontar la madre sola.

La demanda por alimentos fue promovida a fines del 2020. En el marco de las audiencias fijadas por el juez de primera instancia, acordaron una cuota alimentaria provisional de 10.000 pesos por mes, que abonaría el padre a favor de su hija de 7 años.

Pero la expareja no se puso de acuerdo sobre la forma de cancelar la deuda por el colegio de determinados períodos de 2020, de la cual se debió hacer cargo la madre  y cuyo reintegro prometió y asumió el demandado.

La mujer aceptó el pago de la deuda fraccionada en tres cuotas. El demandado propuso primero abonarla en doce y luego, frente al saldo total existente al momento de la audiencia del 13 de mayo de 2021 por un monto de 31.290 pesos, se avino a pagarla en ocho cuotas.

No obstante siguió depositando la suma mensual resultante de su primera propuesta.

Finalmente el juez de primera instancia resolvió que debía cancelar la deuda en cinco (5) cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Esa solución motivó la apelación del padre, quien argumentó que atraviesa una mala situación económica.

¿Qué alega el padre?

De acuerdo al expediente, la mayor parte de los alimentos y manutención lo solventaba la madre, actualmente en pareja, “…con dos trabajos y cuatro (4) hijos en total…” (2 biológicos y otros 2 de los cuales tiene su guarda).

También surge de la causa que la pequeña hija ha sido diagnosticada con TGD (Trastorno General del Desarrollo, según certificado de discapacidad) y debe recibir distintas terapias (TCC Psicología, Psicopedagogía, Acompañante Terapéutico Escolar, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y Musicoterapia), de las que se hace cargo la obra social con la que cuenta la madre.

El padre sostiene que se desempeña en forma no registrada en diversas carnicerías, en donde obtiene, según dijo, magros ingresos que apenas superan la suma mensual de 20.000 pesos

El hombre sostuvo que por la situación derivada de la pandemia y la creciente recesión económica, así como la mayor tasa de desempleo que existe en el país desde hace varios años, se le dificulta “enormemente” la posibilidad de procurarse un segundo empleo o poder realizar otras labores de índole informal

El fallo de la Cámara

.Los jueces Carlos Bellucci, Gastón Polo Olivera y Carlos Carranza Casares confirmaron la resolución de primera instancia con los gastos del juicio a cargo del demandado.

Más allá del contexto general al que hace referencia, que también ha debido afectar a la reclamante en alguna medida, o del aumento en el costo de vida –de público y notorio conocimiento que sin duda perjudica a ambas partes, con los elementos obrantes en autos no es posible otorgar razón al recurrente en cuanto a que se encuentre en una imposibilidad absoluta de procurarse mayores recursos”, resolvieron.

“Es cierto, conforme lo señaló el anterior magistrado, que en el otorgamiento de facilidades para el pago de la deuda reconocida por el demandado, en situación similar al supuesto de “alimentos atrasados”, debe tenerse en cuenta su caudal económico, la suma adeudada y los intereses de ambas partes, de manera que la cuota no sea tan elevada que pueda perjudicar la situación del alimentante, ni muy inferior que desnaturalice su propósito, esto es resarcir a la alimentaria en el menor tiempo posible el crédito acumulado”, explicaron

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