Una empresa de taxis cargó 101.121 pagos con tarjetas de crédito por viajes de clientes. Pero hubo un detalle: 8342 titulares de plásticos objetaron y desconocieron ese consumo. Negaron haber viajado y usado ese medio de pago con la firma en cuestión.

Prisma (ex Visa Argentina) juntó los casos y denunció.

Cuatro personas resultaron detenidas esta semana, cuando se presentaron en una sucursal del Banco Galicia para intentar hacerse de ese dinero.

El fraude

Todos quedaron acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al fraude con tarjetas de crédito.

La causa se lleva en el fuero en lo criminal de la ciudad de Buenos Aires y quedó a cargo de la jueza Alejandra Allaiud.

Fue el resultado de una investigación preliminar de la UFECI, la unidad fiscal  especializada en Ciberdelitos, ante la denuncia de Prisma Medios de Pago.

Desde el inicio se sospechó de un posible fraude por parte de los responsables de la firma de taxis: El monto cargado en transacciones que pretendían cobrar sumó unos 300 millones de pesos.

Ahora se investiga cómo obtenían los datos de las tarjetas a las que se cargaban los gastos de viajes no realizados.

Según informó fiscales.gob.ar, la empresa de taxis abrió una cuenta en el Banco Galicia y transfirió desde allí dinero a otras cuentas a nombre de diferentes sociedades. Todas las cuentas se bloquearon de manera preventiva, sin alertar a sus titulares.

Los investigadores comenzaron a seguir a los sospechosos en cercanía de los bancos en cuestión hasta que un día el presidente y apoderado legal de la firma llegaron a la sucursal del Galicia para extraer el dinero que les había depositado Prisma, como parte de la investigación.

Allí se anoticiaron del bloqueo preventivo de la cuenta.

La acusación

Tras la investigación preliminar se concretó la denuncia penal y quedó radicada en la fiscalía Criminal y Correccional 60 a cargo de Cecilia Incardona por “la posible existencia de una organización ilícita que podría haber estado y/o estaría detrás de la maniobra denunciada (art. 210 C.P.P.), por la logística necesaria para obtener (probablemente de forma ilícita) los datos de tantas tarjetas de crédito, así como para montar la empresa, cargar los datos simulando ser operaciones legítimas y armar una ingeniería societaria para luego mover el dinero producto del delito entre distintas cuentas que, incluso, posibilitaría su lavado (artículo 303 del Código Penal)”.

El fiscal Horacio Azzolin, por la Ufeci e Incardona pidieron a la jueza medidas de investigación que quedaron a cargo de la división Fraudes Bancarios de la Policía Metropolitana.

Los cuatro sospechosos quedaron detenidos en cercanías de una sucursal del Galicia en la localidad bonaerense de Lanús, cuando fueron a intentar destrabar el problema que se les presentó con la extracción del dinero.

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